Con la ayuda de dos aliados clave, el proyecto tuvo los 37 votos que necesitaba; ahora el proyecto deberá ser discutido en la Cámara de Diputados

El Senado de la Nación aprobó esta noche el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, por 37 votos a favor y 33 en contra. El oficialismo logró imponer su dictamen, con la ayuda de bloques aliados, mientras que Juntos por el Cambio se inclinó por la negativa, al rechazar que se deje afuera de la conformación del cuerpo a la Corte Suprema de Justicia.

La sesión originalmente estaba prevista para la semana pasada, pero el oficialismo debió dar marcha atrás porque no le alcanzan los votos. El texto necesitaba mayoría absoluta -37 votos afirmativos entre los 72 senadores. Lo consiguió con lo justo, gracias a que los provinciales Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de Misiones), habituales aliados del oficialismo, sumaron su apoyo a los 35 integrantes del Frente de Todos.

El proyecto fue rechazado por 33 senadores, casi todos de Juntos por el Cambio. También votó en contra la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

El debate giró en torno a la presencia o no del presidente de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, de donde fue desterrado en 2006 por una ley redactada e impulsada por Cristina Kirchner, cuando era senadora y primera dama, que redujo de 20 a 13 los miembros que integraban el organismo desde 1998.

Esa ley fue declarada inconstitucional en diciembre último por la Corte, que fijó un plazo de 120 días, que vence el próximo 15 del corriente, para que el Congreso dicte una nueva norma. De no hacerlo, el Consejo deberá volver a su vieja integración de 20 miembros.

El fallo irritó a la vicepresidenta que ordenó avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, que establece un Consejo de 17 miembros, con mayor participación de los estamentos de abogados, jueces y académicos, pero que mantiene a la Corte fuera del organismo.

El senador oficialista, Oscar Parrilli (Neuquén), indicó: “Estamos debatiendo un proyecto de ley que nos vemos obligados a tratarlo por una actitud absolutamente inconstitucional. Hoy estamos sancionando una medida transitoria que nos impone el fallo de la Corte, que está avasallando al Poder Legislativo”.

El legislador del Frente de Todos no se guardó las críticas hacia la gestión macrista: “No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien los propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron”.

No conforme con esto, el neuquino volvió a volvió a la carga con el mismo tema. “El 15 de abril se produce el asalto al Consejo de la Magistratura. No sé, llegarán con un tanque. ¿Con qué llegará Rosatti al Consejo de la Magistratura?”, se preguntó el presidente de la Comisión de Justicia. “Va a llegar el presidente (de la Corte) al Consejo de la Magistratura y va a decir ‘Acá estoy, acá mando yo’ y va a designar a jueces y fiscales”, concluyó.

En el final del debate, Luis Naidenoff (UCR-Formosa) aplaudió la honestidad del kirchnerismo por no esconder sus verdaderas intenciones políticas detrás de un “federalismo edulcorado”, como calificó las modificaciones que el oficialismo le aceptó a Weretilneck para poder sumar su voto y aprobar el proyecto.

“El problema central que estamos discutiendo es cómo se planta la política ante el Poder Judicial”, sentenció el jefe del bloque radical, quien acusó a Cristina Kirchner de pretender “convertir al Consejo de la Magistratura en el brazo político ejecutor de su pensamiento político”.

Ahora, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados, en el marco de una carrera contrarreloj para sancionar una nueva ley antes del jueves que viene, cuando venza el plazo dispuesto por la Corte para reemplazar la normativa vigente. El proyecto aprobado por el Senado tiene muy pocas posibilidades de convertirse en ley en la Cámara baja.