Tras la firma del Pacto de Mayo y las declaraciones constantes del Gobierno respecto a la inexistencia del cambio climático, organizaciones ambientales expresaron a AIM su preocupación respecto al desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental.

En este marco, “reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental”, remarcaron a AIM desde el Círculo de Políticas Ambientales, Fundación Avina, Farn, Fundación Vida Silvestre, entre otras.

Además, en el documento al que accedió AIM, las organizaciones manifestaron su “profundo rechazo” al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil.

“Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental”, indicaron diferentes organizaciones.

El presidente “manifiesta públicamente que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza; premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población, y a la manera en que obstruye el desarrollo productivo de las naciones”.

Además, “la explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona. Las afirmaciones del presidente suponen un mundo que ya no existe. La inserción del país en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresías de grupos de países”.

Por eso, “no es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo. El Pacto de Mayo firmado en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán debe marcar un camino en favor de la concordia y la unidad nacional y dejar de lado enemistades innecesarias”. Lamentablemente, la mención a las “minorías ruidosas” y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido.

Los defensores del ambiente en los territorios “juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible”.

En ese sentido, “a 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta”.