El 25 de agosto se realizará en la capital entrerriana la II Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Las organizaciones concentrarán en plaza 1º Mayo y marcharán a Casa de Gobierno. Exigen “que se termine la violencia institucional, la elevación a juicio de los responsables del caso de gatillo fácil de Gabriel Guzmán, que se realice el segundo juicio por Iván Pérez y justicia por Facundo Molares y cada militante asesinado en represión”, informó a AIM Nadia Burgos, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Organizaciones sociales y partidos de izquierda decidieron convocar a movilizar por segunda oportunidad en Paraná, en el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La concentración será a las 16 en plaza 1º de Mayo. La columna marchará a Casa de Gobierno, donde se leerá un documento, y concluirá con un festival.

“La primera movilización que se hizo fue en 2019 y este año se hará de nuevo porque es necesario, ante la avanzada de la violencia institucional, salir a la calle a expresar el rechazo a esta política represiva por parte del Estado”, dijo Burgos a esta Agencia.

En ese sentido, precisó que la jornada “se va a replicar también en distintos lugares del país bajo la consigna: ‘Ni un pibe menos, ni una piba menos; ni una bala más’”.

"El Estado es responsable"
La referente social precisó que el Estado “es responsable para denunciar todos los casos de gatillo fácil y violencia institucional que hay a lo largo y a lo ancho del país”, y agregó: “Particularmente vamos a estar exigiendo la elevación a juicio de los responsables del caso de gatillo fácil de Paraná de Gabriel Guzmán, así como también vamos a estar abrazando a la familia de Iván Pérez, quienes están próximos a su segundo juicio que pide verdad y justicia por el caso de gatillo fácil en Gualeguaychú”.

Al respecto, la militante de derechos humanos subrayó que se sumarán “las voces de las diferentes denuncias de violencia institucional que hay en nuestra provincia, en donde desde la Secretaría de Justicia, Rosario Romero, hasta el gobierno provincial y los gobiernos municipales intentan, de manera sistemática, decir que los casos de violencia institucional son aislados en Entre Ríos, cuando la realidad es que es un hecho que se perpetúa todos los días y que, además, los pasos que la injusticia no está dando perpetúan una impunidad que le es absolutamente servicial a que la violencia institucional continúe”.