A partir de un proyecto de ley, se busca que el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil delimite las áreas sujetas a la declaración de “Estado de Emergencia Hídrica” de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Río Grande, supo AIM. Las cuencas del país, al igual que el Paraná, atraviesan un momento crítico.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, se encuentra en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Economías y Desarrollo Regional, Finanzas, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y establece que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados. Asimismo, buscará implementar lo dispuesto en la Ley N° 26.509 y sus modificaciones, para situaciones de emergencia y desastres agropecuarios.

A través de la iniciativa, se realizarán las obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos de la emergencia en las zonas afectadas, mientras dure la misma; poner a disposición los servicios técnicos, asesoramiento y colaboración del Instituto Nacional del Agua, para llevar adelante las medidas que se dispongan. También arbitrará los medios necesarios para dar adecuada respuesta a las demandas específicas vinculadas a la emergencia, integrando a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (Siname) las acciones de las distintas áreas involucradas.

El ministerio de Desarrollo Productivo establecerá, a través del Banco de la Nación Argentina, líneas crediticias especiales para los productores agropecuarios afectados por la escasez hídrica. La tasa de interés de dichas líneas no podrá superar el 24 por ciento anual. En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) adoptará las medidas que resulten pertinentes respecto de aquellos y aquellas contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia, siendo este su principal actividad.