En estos tiempos se están desarrollando importantes estudios sociales y ambientales para un supuesto proyecto de "desarrollo" de la provincia de Entre Ríos. Un breve inventario de la realidad muestra los siguientes casos: Plan de Modernización de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, con el acompañamiento del BID; Plan de desarrollo del Delta a partir de un acuerdo bilateral con los Países Bajos; estudios "privados" y aún desconocidos, para profundizar un extractivismo activo del río Paraná destinado a proveer de arenas silíceas a la mega industria de los combustibles fósiles no convencionales en la explotación denominada Vaca Muerta, en la Patagonia Argentina (petróleo y gas con el método de Fracking).

También se han finalizado los estudios para la construcción de una represa hidroeléctrica entre Goya y Reconquista -liderado por dos Universidades Nacionales: la del Litoral y la de La Plata- hoy suspendido hasta el año 2025 pero con ideas de otras represas alternativas ubicadas sobre Entre Ríos. Y ahora sabemos que a este escenario hay que sumar los sobornos para la continuidad de la concesión de la Hidrovía Paraguay Paraná, expuesto en el marco de la investigación de “los cuadernos” que desató un escándalo de corrupción en Argentina.

La gravedad de esta preocupante situación radica en que la mayoría de los estudios referenciados se planificaron, iniciaron y desarrollaron sin autorización formal de la Provincia. Es decir, sin considerar que los recursos naturales (bienes, para nosotros) son dominio originario de las provincias y por lo tanto tienen el deber constitucional de protegerlos y de utilizarlos racionalmente.

En pocas palabras, en todos los estudios sobre bienes naturales y comunes de la provincia de Entre Ríos –algunos, compartidos con otras provincias hermanas-, los ámbitos profesionales, técnicos y políticos de las áreas competentes, como lo son las ambientales y la propia Legislatura Provincial, deben tener participación en la construcción de los términos de referencia de los estudios que se realicen en nuestro suelo. Sin embargo, en ninguno de ellos han sido parte de los procesos de desarrollo, ni de los estudios en si mismos.

En alguna escala de mayor detalle, casi todos estos emprendimientos se vinculan directa o indirectamente con áreas naturales protegidas en todo el contexto de deltas y ríos Paraná y Uruguay, lo cual obligaría a prestar aún mayor atención en el cumplimiento de normas protectoras de la sustentabilidad de los bienes naturales de nuestra provincia.

El 25 de septiembre se cumplió un aniversario más de la sanción de la Ley de Libertad de los ríos, número 9092, luego integrada a la reforma constitucional del año 2008 en la provincia, terminada de redactar, hace diez años, un 3 de octubre como ayer. Ambas, protegen el sistema de humedales de sus grandes ríos y ecosistemas asociados.

Particularmente, la Ley 9092 destaca en su artículo cuarto que todo estudio, evaluación, proyecto económico, social o ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible, a ejecutarse en el territorio de la provincia, con incidencia en los ríos Paraná y Uruguay y sus recursos naturales, es de atribución exclusiva de la provincia, en cuanto a su planificación y desarrollo.

Y va más allá aún, disponiendo que si fuera necesaria la intervención de otros estados provinciales y/o el Estado Nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad-referéndum del Poder Legislativo; debiendo incluso comunicarse a la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible, los estudios e investigaciones, tanto del sector oficial como privado, que se realicen en relación a estos recursos naturales.

Sin embargo, pareciera que esta norma ha sido irresponsablemente “olvidada” por los funcionarios entrerrianos, quienes de manera deliberada permiten que desde el Estado Nacional, por ejemplo, en el proceso del denominado Plan de Desarrollo del Delta, como en los estudios liderados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se determine, evalué y decida sobre nuestros bienes naturales, sin existir acuerdos institucionales previos a los estudios o durante su desarrollo. Pero lo más grave aún es que, ante las denuncias y solicitudes de la sociedad civil organizada, eligen el silencio y hacer oídos sordos.

Varios institutos constitucionales aún no han sido reglamentados, como el Consejo Económico y Social; la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible creada por la ley 9092. No funcionan, no existen.

El Gobierno Provincial debe con urgencia ponerse a la altura de las circunstancias y hacer cumplir estas normas constitucionales y la Ley que nos ocupa. Integrar la Comisión y conformar su Agenda Política; dejar de permitir que desde la Capital del país se resuelvan y decidan qué y cómo se estudian, utilizan y aprovechan nuestros bienes naturales y públicos, con quién y para qué.

Esta forma de hacer política, desatendiendo el reclamo permanente de una ciudadanía que cada vez grita más fuerte el pedido de salud y calidad de vida en un ambiente sano, resulta ser un contexto político que poco tiene que ver con los sueños de nuestros próceres o con aquella provincia que lideró y dio razón de ser a la Constitución de todos los argentinos y su organización Nacional de carácter federal y republicana.

Eduardo Galeano lo decía en “Las venas abiertas de América Latina" y aquí lo volvemos a ratificar: “Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno".

Estudian nuestras aguas, su diversidad biológica y cultural, proyectan sobre nuestros bienes comunes, toman fotos, diseñan nuestros territorios desde los satélites de lo virtual y por aquí, los responsables de defender lo que “es nuestro" miran para otra parte. Entonces, lo que es nuestro, de todos los entrerrianos, termina siendo presa de mega consultorías y proyectos faraónicos de otros, en el contexto de una crisis política y económica asombrosa.

 

Valeria Enderle (directora ejecutiva de Fundación CAUCE, Cultura Ambiental-Causa Ecologista)

Jorge Daneri (abogado de Fundación CAUCE, Cultura Ambiental-Causa Ecologista)