El Senado sesionará este martes y el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de financiamiento de campañas políticas. Todavía se desconoce el destino de la iniciativa, que durante meses, fue y vino entre bloques y sectores de la oposición, registró AIM.  

Antes del feriado por Semana Santa, el Senado tendrá este martes la última oportunidad para avanzar con el proyecto de financiamiento de los partidos políticos que, desde el año pasado, está en danza en el Congreso, sin lograr el acuerdo necesario para avanzar.

La Cámara alta tiene previsto sesionar desde las 13 para tratar el proyecto pero, previamente, a las 11, el interbloque Cambiemos en el Senado, se reunirá para ultimar detalles puertas adentro.

Según pudo saber AIM, el punto que divide a Cambiemos del peronismo es la posibilidad de permitir que los sindicatos y asociaciones profesionales puedan aportar a las campañas: El oficialismo se opone y hasta ahora no dio señales de ceder en ese aspecto, mientras que para el interbloque Argentina Federal se transformó en un cambio innegociable.

Cabe destacar que, al tratarse de un proyecto que toca aspectos electorales, requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros -37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados-, por lo que el oficialismo se ve obligado a consensuar con la oposición.

El Senado se disponía a avanzar con el proyecto en la sesión del pasado 27 de marzo, pero finalmente se votó su devolución a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto.

Qué dice el texto

El proyecto de ley de financiamiento fue enviado por la Casa Rosada al Parlamento a mediados de julio del año pasado, en medio de la polémica por la causa de los aportes irregulares a la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017 que ahora investiga el juez federal Ariel Lijo y que puso en jaque al sistema de financiamiento del macrismo, de cara a la campaña presidencial en la que Mauricio Macri buscará su reelección.

El texto establece un modelo mixto, por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para sus campañas electorales.

Así, se habilitan los aportes de personas físicas y jurídicas, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña; y además se obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, una medida tendiente a la transparencia.