Mientras que, en el país, siguen las polémicas por las quemas, Diputados discute proyectos de ley de humedales, que pueda ser una solución ante el grave contexto que atraviesa el país. En la tercera jornada de debate, Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), titular de la comisión de Ambiente señaló que, a la fecha, hay nueve iniciativas para la protección de los humedales, presentados por distintos diputados y que los asesores comenzaron a trabajar para aunar criterios “para avanzar en el tratamiento de esta norma”.
“Tenemos la decisión política de avanzar en el debate”, aseguró Grosso y dijo que los debates con expositores permitieron esclarecer la temática. Sin embargo, reconoció que hubo intereses muy poderosos-de pequeños colectivos- que lograron impedir la regulación sobre los humedales. “Lo que el Estado no regula, el Mercado lo ha destruido”, dijo.
Por eso asumió la responsabilidad de regular la protección de los humedales y reconoció grandes coincidencias durante las jornadas de debate como ser la definición y la moratoria. “No es una ley anti productiva”, aseguró, sino una ley que conserve los servicios ecosistémicos de los humedales.
En una nueva jornada con especialistas, Santiago Bolaño, sociólogo y administrador de la estancia familiar “El Cachapé” -Reserva natural de Chaco-, invitado por Vida Silvestre, comentó que “la ganadería de pastizales naturales tiene mucho que ver con los humedales. Necesitamos de los humedales, en el ambiente tal cual está para los animales”, dijo.
Luego precisó que la ley de humedales debería visibilizar los servicios ecosistémicos que prestan, con una filosofía conservacionista “que permita producir en forma sustentable y vivir ahí”, y agregó que la ley “tiene que estar destinada a los que anteponen los intereses personales sobre los que viven en la zona”.
A su turno, Gracia Jaroslavsky (Diputada provincial de Entre Ríos y ex diputada nacional) celebró el tratamiento del tema que ya había impulsado durante su gestión en el Congreso. “La naturaleza nos está gritando que no estamos haciendo las cosas bien”, apuntó.
La legisladora local propuso completar y actualizar los inventarios, que considere las jurisdicciones y diferencie cada zona. “No se puede definir desde una ley nacional un compartimiento estanco. Hace falta que todas las jurisdicciones avancen sobre los usos múltiples del suelo”, señalo.
Gerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales e Intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, se refirió al avance inmobiliario que “sepultan los humedales”, rellenándolos. “Los humedales son sistemas complejos que no se restauran de un día para el otro como plantearon sectores inmobiliarios”, concluyó.
Desde la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Damían Tabakman reivindicó “la inversión sustentable” y dijo que los humedales “son biomas esenciales del ecosistema que deben respetarse, pero eso no impide la inversión”. El referente del sector inmobiliario solicitó criterios de clasificación razonables y un marco normativo propositivo para la inversión, que evite los litigios.
Luego, diferentes referentes isleños (Coperativas junqueros Isla Esperanza y la Asamblea Delta y Rio de la Plata) solicitaron una ley que proteja los humedales, que fortalezca la ruralidad y la producción local sustentable. Por eso pidieron que se consideren los servicios ecosistémicos y la conservación de los mismos, la adaptación al medio y las sanciones para delitos ecológicos con penas de prisión. “El delta no se urbaniza”, sentenciaron.
Bloque especialistas
Antonio Traba (Ingeniero en Recursos Hídricos de Fundación Alem) se refirió a la gobernanza ambiental en el territorio y la promoción de ámbitos de participación social, como los comités de cuencas, con un Plan de manejo para cada caso.
Desde la Cuenca del Río Lujan y Delta del Paraná, Adriana Anzolin apuntó contra el relleno de 10 mil hectáreas en la zona y pidió considerar el agua subterránea -íntimamente relacionada a los humedales-. La expositora describió que, en caso de los desarrollos inmobiliarios, los mismos extraen tierras que decapitan los acuíferos, aumentando el riesgo de contaminación y solicitó que el proyecto considere las actividades de perforaciones directas. Por otro lado, pidió la participación temprana y formal de la comunidad en las etapas de pre factibilidad de los proyectos y no en las audiencias públicas.
Juan Castello, especialista en derecho administrativo, se refierió a los aspectos federales de la Ley de humedales, detallando que, el artículo 41 de la Constitución Nacional resume una relación interjurisdiccional entre el Estado Nacional y las provincias: “El Estado Nacional puede dictar normas nacionales, pero no pueden superponerse con competencias provinciales”, dijo, al mismo tiempo que destacó la importancia de realizar la tarea en forma conjunta, reconociendo que ambos actores tienen limitaciones.
Con información de Fundación Barbechando