El gobierno nacional paga a cuenta gotas las partidas del programa Incluir salud, lo que lleva a las instituciones educativas y de contención de personas con discapacidad a una delicada situación financiera, contó a AIM la titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari. 

Hay un fuerte recorte nacional en el Estado que se repliega, cercenando derechos sobre los trabajadores, jubilados y, más aún, sobre las personas con discapacidad. “Es como que te empujan a pensar que el Gobierno nacional no tiene intenciones de invertir en el discapacitado, ya que pensarían que no es una franja que ‘produce’  sino que consume del sistema”, indicó a esta Agencia Ripari, quien precisó: “Si esto fuera así sería terrible, ya que el Estado debe contener a las personas con discapacidad no dejarlos sin cobertura, atención o tratamiento”.

En ese sentido, explicó que las instituciones como Apana, San Francisco y Don Uva,  tienen un convenio por el que se prestan servicios (educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos, transporte a dichos servicios y hogares) para el programa Incluir salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que cubre la atención a las personas con pensiones no contributivas, “ pero, lamentablemente, se produjeron una serie de hechos a nivel nacional que implican recortes que impactan fuertemente en las instituciones”.

Al respecto, detalló que hay tres ejes en el conflicto: el atraso en los pagos, la falta de actualización de las partidas, de acuerdo a los índices oficiales de inflación; y el pago del transporte.

Precisamente, “los cortes de pago son tan grandes que nos llevan a preguntarnos: ¿Qué hacemos? Ya que no recibimos ayuda de ningún lado”, apuntó la titular de Apana, quien argumentó que el pago de las partidas debe ser regular, “no nos tienen que postergar a las instituciones y transportistas, porque sostenemos una parte de la población muy importante”.

Más allá de todo se atendiendo a los beneficiarios, “pero no llegan los pagos, lo que desconcierta y provoca un déficit en los presupuestos y en la parte financiera. Nos sentimos acorralados, ya que tenemos que pagar sueldos, leyes patronales y servicios”, pero más allá de este duro escenario “no vamos a dejar de atender a los beneficiarios, porque no caeremos en esa desidia, ya que los chicos tienen derecho a ser atendidos”, remarcó.

Para Ripari, el Gobierno nacional “debe tomar consciencia que es necesario cumplir las atenciones, porque los planes para estas personas no se pueden cortar por falta de pagos”.

“Tenemos una vicepresidenta que sabe la importancia de las terapias diarias para rehabilitarse y para estar bien. Si ella, quien está en el gobierno y tiene este problema y lo vive en carne propia, no tiene sensibilidad sobre el tema ¿qué nos queda para el resto del gobierno?”, se preguntó.

Asimismo, la falta de pagos corre de eje otro punto trascendental para las instituciones que es la readecuación de partidas: “Desde el 2017 no se aumentan las partidas y ahora llegó una adecuación del 13 por ciento con una inflación del 50 por ciento”.

Es que los funcionarios no tienen en cuenta los reales costos y la inflación reinante en el país, poniendo a estas instituciones en una grave crisis. A causa de esto, varios servicios cerraron en el país y otros están en situación crítica. También, se ven afectados los profesionales que trabajan directamente con estas personas, peligrando sus puestos de trabajo.

Por otro lado, apuntó que otra arista del conflicto es el transporte: “Hubo muchos transportistas que vendieron sus unidades de traslado y dejaron de prestar el servicio y a eso se suma que ahora Nación trasladó el pago del transporte a las provincias, por lo que el Gobierno nacional se desligó de esto y obligó a los Estados provinciales a que asuman una nueva responsabilidad, lo que implicó una serie de trámites que volvieron a foja cero los convenios que había”.

Con este panorama, desde las organizaciones nucleadas en la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales de Argentina (Aiepesa) sostiene un plan de lucha contra el ajuste en discapacidad, promoviendo el diálogo para lograr encontrar soluciones que impliquen garantizar los derechos a las personas con discapacidad.