La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) pidió a las Cámaras que conforme la comisión Bicameral de Derechos Humanos para monitorear el funcionamiento del Comité provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informó a AIM Clarisa Sobko, integrante de la organización.

El pedido que realizaron los organismos de derechos humanos a la Legislatura es para que desde ese poder del Estado se pueden seguir los pasos del Comité contra la tortura establecido en la Ley 10.563, contó a esta Agencia Sobko, quien remarcó que mecanismo “sería un lugar autónomo que puede hacer mucho en materia de prevención y de seguimiento ante la violencia institucional”.

El Comité “es, más que nada, preventivo contra malos tratos, tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas que comete el Estado, es decir, debería trabajar en la prevención de la violencia institucional que se ejerce en lugares de detención (móvil policial, comisarías o penitenciarías)”, detalló la activista de derechos humanos, quien destacó que la prevención implica también “el monitoreo de los lugares de detención con recorridas e inspecciones (acordadas o no), articulando entre representantes de distintos lugares y, también, haciendo denuncias”.

Además, se prevé un Registro provincial de tortura, “que eso en Entre Ríos hoy no existe. No hay ningún organismo independiente del Ejecutivo que trate la violencia institucional y eso es sumamente grave”, comentó la integrante de Hijos Regional Paraná, quien apuntó tienen reparos a que la Secretaría de Derechos Humanos realice el control “porque lo que se propicia con la puesta en marcha del Mecanismo provincial es un organismo autónomo con otra función y finalidad al área de derechos humanos del Ejecutivo, además de que es una obligación internacional a la que el Estado provincial está obligado” .

El pedido emerge ante “un cuello de botella donde el Ejecutivo se niega a nombrar situaciones como lo que pasó a Gabriel Guzmán y Iván Pérez que fueron casos de gatillo fácil”, aseguró Sobko, quien denunció que “lo peor que hay es un Estado negador, es decir, hay un discurso del Ministerio de Gobierno de que en la provincia no hay gatillo fácil y, a la par, un Jefe departamental de la Policía de Gualeguaychú dice que no hay instrucciones de cómo utilizar el arma, lo que es gravísimo”. En ese sentido, subrayó que “preocupa que el Estado defienda al imputado diciendo que ‘se le escapó un tiro’, es decir, ¿Podemos perder la vida de una persona, quienes, generalmente son jóvenes, varones de barrios populares porque ‘se le escapó un tiro’? No hay que hacer un replanteo como sociedad, como Estado de que eso no puede suceder”.