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La presidenta del bloque Unión por la Patria - Más para Entre Ríos en la Cámara de Diputados, Laura Stratta, señaló a AIM que aún “no se ven los resultados” de las emergencias declaras por el Poder Ejecutivo provincial y advirtió el gobierno tiene discrecionalidad en las contrataciones. “Desde el punto de vista político, ninguna emergencia podrá resolver la situación que genera el ajuste recesivo nacional y el recorte feroz de fondos que corresponden a las provincias”, remarcó.
Tras las declaraciones de las emergencias escolar, alimentaria y obras y servicios públicos, ahora el gobierno provincial busca que la Legislatura autorice por un año el estado de emergencia de la infraestructura vial. En ese marco, la ex vicegobernadora apuntó que el justicialismo se caracterizó por ser una oposición constructiva, pero opinó que, hasta el momento, no se observó “que sean de gran utilidad”.
? ¿Qué opinión tiene sobre las tres emergencias que se han declarado?
? Como bloque de diputados acompañamos la sanción de las emergencias solicitadas por el Ejecutivo para que pueda contar con las herramientas necesarias al inicio de la gestión. Igualmente realizamos los aportes que consideramos necesarios para mejorar esas herramientas legales.
Sin embargo, desde el primer momento planteamos que la causa excluyente de los problemas que se pretenden atenuar o resolver es el corte de los fondos que debe remitir el gobierno nacional a la provincia.
Desde el punto de vista político, ninguna emergencia podrá resolver la situación que genera el ajuste recesivo nacional y el recorte feroz de fondos que corresponden a las provincias; en todo caso, eso se resuelve reclamando con fuerza e inteligencia la devolución de esos recursos que corresponden a todos los entrerrianos.
Laura Stratta, diputada provincial.
Hasta el momento no hemos visto resultados de la declaración de emergencia para atender la infraestructura escolar, que fue enviada a la Legislatura cuando faltaban dos semanas para comenzar las clases, y luego de haber suspendido el Plan Verano, que durante muchas gestiones sirvió para realizar arreglos en las escuelas durante las vacaciones.
Al momento de tratar la emergencia en materia de obras públicas sostuvimos que era imprescindible que la provincia reclame a la Nación los fondos cortados, que fue lo que determinó la paralización de las obras. Esa postura fue ratificada por los funcionarios del Ejecutivo que concurrieron a las reuniones de comisión de la Cámara de Diputados, más allá de que en los medios de comunicación el gobierno eligió hablar de la herencia recibida.
? ¿Qué posición se va a tomar ante el pedido de emergencia vial?
? Vamos a analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo y consultar a los sectores involucrados, como hemos hecho en las otras oportunidades. Por supuesto que es razonable el reclamo que formulan los sectores productivos y de las comunidades rurales, especialmente sobre el mantenimiento de caminos naturales. Sabemos que la situación vial es compleja por varios factores, algunos aspectos de esa dificultad están relacionados con la composición del suelo en la provincia y los miles de cursos de agua que hay en nuestro territorio, pero sin dudas el principal problema es el corte de los recursos nacionales.
Nosotros ya aprobamos la semana pasada la modificación del porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural que se destina al mantenimiento de los caminos, pero esos fondos extras -unos 10.000 millones de pesos al año- representan una porción muy pequeña de la inversión demandada. Autoridades de Vialidad Provincial sostuvieron en la Cámara de Senadores que se necesitan unos 700.000 millones de pesos para el mejoramiento de rutas pavimentadas y otros 250.000 millones para los caminos secundarios. Está claro que se trata de recursos que deben reclamarse al gobierno nacional.
? ¿Qué implica las emergencias en materia de transparencia?
? Existe una especie de doble objeción a la declaración de estas emergencias. Por un lado, al menos hasta ahora, no hemos visto que sean de gran utilidad. En algunos casos, como lo referido a los edificios escolares, no se advierte ningún cambio, ni se observan mayores resultados.
Tampoco se observan resultados tras la declaración de la emergencia alimentaria y se le formulan numerosos reclamos al gobierno provincial en ese sentido.
Por otro lado, claramente estos mecanismos de emergencia aumentan la discrecionalidad de los funcionarios para contratar por vía directa y reducen los controles necesarios para cada acto en el que se dispongan de recursos económicos. Claramente no se trata de una situación que pueda subestimarse y por eso hemos tratado, en nuestro rol de oposición, de acotar los plazos de vigencia y puntualizar adecuadamente las situaciones en las que se debe trabajar en emergencia.
Las obras viales tienen la característica de ser por importes muy elevados, por lo que deberán extremarse los recaudos en caso de que esta Ley sea aprobada.
Desde un punto de vista conceptual, no se puede estar siempre en emergencia y menos aún en tantos ámbitos. Vale recordar que este gobierno impulsa, incluso, la declaración de emergencia del Patrimonio Histórico y Cultural.
Desde el punto de vista político, ninguna emergencia podrá resolver la situación que genera el ajuste recesivo nacional y el recorte feroz de fondos que corresponden a las provincias; en todo caso, eso se resuelve reclamando con fuerza e inteligencia la devolución de esos recursos que corresponden a todos los entrerrianos.