Los legisladores del peronismo entrerriano deben definir si prestan acuerdo a la cuestionada designación de Sergio Laumann en la vocalía del Consejo General de Educación (CGE). El funcionario es observado por los organismos de derechos humanos, quienes advirtieron que es “negacionista”.
La red de organizaciones de derechos humanos de Entre Ríos y agrupaciones docentes impugnaron el pliego de Lauman y se manifestaron en la dura audiencia pública que tuvo quien actualmente es vocal de facto en el CGE, organismo que delinea las políticas educativas de Entre Ríos.
Durante su ponencia ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Lauman tuvo tres exabruptos: reclamó que las activistas replieguen los carteles en los que se manifestaba el rechazo a su designación; insinuó que el Senado no tendría la capacidad de objetarlo por sus opiniones sobre la última dictadura cívico militar clerical de Argentina; y evitó hablar de la políticas de derechos humanos ante los crímenes de Lesa humandiad durante el proceso militar.
En ese marco, los senadores peronistas, quienes tienen la mayoría en la Cámara Alta, deberán definir si dan el visto bueno para que el ex militar sea parte de la conducción del CGE, traicionando las bases del justicialismo que logró en los últimos años la reivindicación de la memoria colectiva ante los 30.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura.
El pliego del funcionario, si logra el acuerdo, representará una nueva afronta al peronismo local, que observa atentamente la obsecuencia de sus representantes en el Parlamento, ya que con el discurso de la “gobernabilidad” alzaron la mano a la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo provincial.
El escenario es complejo. La espada de Damocles pende sobre los senadores peronistas quienes quedarán evidentemente expuestos si prestan acuerdo. Por otro lado, si no tratan la designación en el recinto, Lauman quedaría designado de facto, lo que marcaría complicidad por omisión.
El voto de los senadores es clave en una polémica designación en el organismo que determina las políticas públicas educativas en un escenario oscuro para los luchadores sociales y la memoria colectiva ante los reaccionarios-libertarios que hoy gobiernan desde la Rosada.