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Denuncian falta de control estatal a centros de fauna silvestre

Fiscalización rescató dos monos.
Fiscalización rescató dos monos.
Jaulas circulares.
Una jaula encima de la otra, con loros.
Un loro comiéndose a otro.

La Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) en Entre Ríos advirtió a AIM que el Estado no controla los centros de fauna silvestre, por lo que hay centros de recuperación que tienen en malas condiciones a los animales que deberían ser rehabilitados.

El tráfico de animales en Argentina y la recuperación de la fauna silvestre es un profundo problema en Entre Ríos.

“Cuando debatimos sobre la problemática del derecho de los animales no humanos entendemos que es el Estado quien debe aplicar políticas públicas para poder dar respuestas y ejercer un efectivo control de que se cumpla con la normativa”, dijo a esta Agencia la referente de Afada, Juliana D’Arrigo, quien lamentó “la falta de presencia del Estado, que es quien debe controlar la entrada y salida de animales”. En ese sentido, recordó que hay un registro de centros de fauna silvestre que no está funcionando y por eso existen este tipo de problemas”.

Además, explicó que mientras desde el activismo y el derecho se logró el cambio de paradigma, evidenciando que los animales no humanos son seres sintientes con derechos reconocidos reconocidas como personas no humanas, “hay lugares en la provincia que no hacen más que dejar un mensaje cosificador y de violencia a otros seres”.

Fiscalización en el centro de recuperación de animales silvestres en Paraná
Ante las denuncias de la ONG, se llevó adelante por las direcciones de Fiscalización de animales silvestres de la provincia y de Fiscalización de la Nación un fuerte operativo de fiscalización en el denominado Centro de rehabilitación de animales silvestres, de Avelino Fontana.

De manera articulada la ONG, junto a las instituciones estatales, realizaron un inventario de los animales que se encuentran en ese lugar, y se constato el estado de los mismos.

En ese marco, D’Arrigo explicó a esta Agencia que “hace meses vienen realizando una investigación sobre la procedencia, ingreso y egreso de los distintos animales y que no consta un exhaustivo control por parte del Estado (municipal ni provincial ni nacional). Estamos hablando de un lugar que tiene animales de todo tipo, que están en peligro de extinción y se encuentran protegidos y amparados por las normas Cites, de tratados internacionales donde la Argentina se comprometió a cumplir”.

El lugar “no deja de ser un ‘pseudo zoológico’ deplorable, donde los animales están en estado calamitoso, se pueden observar que están en jaulas que no cumplen ningún parámetro de las normas de bienestar animal. Cuando ingresas parece que retrocedes un siglo, con esa concepción cosificadora del animal, que con el fin de ser expuesto para diversión del humano, no se contempla en lo más mínimo que es un ser viviente y sintiente”.

En ese marco, la dirigente indicó que “lamentablemente, se observan jaulas redondas prohibidas (para recinto de animales por las normas de bienestar animal) por generar estado de indefensión, como así también puede observarse que los animales realizan acciones que se repiten constantemente, estereotipadas e innecesarias. Estos patrones repetitivos, que no se produce cuando los animales viven en su hábitat natural, se consideran un comportamiento anormal. Los animales que se encuentran allí encerrados realizan movimientos repetitivos (deambulan de un lado a otro o en círculos), balanceos, sacuden la cabeza constantemente, muerden los barrotes de la jaula”.

En ese marco, la abogada indicó que lo que se observó “configuraría el delito de maltrato y crueldad animal (Ley penal 14.346), incumplimiento a los términos de la Ley nacional de Fauna silvestre (22.411) y las Leyes provinciales 4.841 y 10.547, por la cual la provincia de Entre Ríos se adhirió a la Declaración universal de los derechos de los animales, como así también se estaría incurriendo en el incumplimiento de los deberes de funcionario Público, previsto por el cód. Penal nacional, art. 248°, 248° bis y 249)”.

Asimismo, indicó que el establecimiento “cobra entrada para ver los animales y centros educativos llevan los niños a este lugar, cuando lo único que se puede aprender ahí es ‘como no se debe tratar a un animal’”.

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