La causa que tiene a 11 procesados por someter a gravísimos vejámenes sexuales a dos hermanitos durante 2005 a 2011 en la localidad de Oro Verde, se encontró con nuevos obstáculos que impiden el normal desarrollo de la investigación. Se trata de la insistencia, por parte de los defensores de los acusados, para solicitar la prescripción de la causa, pudo saber Elonce TV.
"Estamos ante una nueva etapa procesal por un nuevo articulado de la defensa donde, por un lado se pide la prescripción de la causa y las consecuencias que derivan de este pedido de prescripción, además del pedido para que se caiga la querella que la familia está sosteniendo y acompaña este causa", explicó a Elonce TV la abogada querellante, Marina Hundt, quien ya había denunciado presiones para que la causa no avance.
Fue en ese sentido que informó que "hay resolución del juez de Garantías que rechaza la prescripción basado en la preservación del superior interés del niño en honor a las convenciones internacionales que son parte de nuestra normativa jurídica y el pedido de decaimiento de la querella".
Sobre los imputados
Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.
Los otros acusados que ahora enfrentarán el juicio son: Daian Amaro Castro; Natalia Yanina Almeira; María Rosa Abdala; Gladis Schlottahuer; Ana Marina López; y Aldo Ignacio González, un hombre consignado en el expediente como locutor de radio de la ciudad de Gualeguaychú.
Todos deberán afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.
En diciembre pasado, tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo confirmó los procesamientos de todos.
"Ninguno de los imputados está detenido, todos están con libertad caucionada, es decir, con requsitos que deben cumplir para no perder la libertad que tienen", explicó la querellante.
En qué se basa el pedido de prescripción
Consultada a la querellante en qué se basa el pedido de prescripción por parte de las defensas de los imputados, ésta detalló: "Para argumentar la prescripción, ellos se basan en un cálculo meramente matemático, entre lo que serían las fechas en las que se sucedieron estos hechos y las fechas en las que se hicieron las primeras declaraciones indagatorias respecto de cada uno de los imputados".
Lo que para Hundt, esta es "una cuestión numérica que no tiene ningún sustento en la protección de los derechos de la niñez". "Es un simple cálculo matemático y un apego literal al texto de la ley que establecía la prescripción y que hoy ya no existe porque la ley que se sancionó posteriormente declara la imprescriptibilidad de estos delitos, pero como la ley no aplica para atrás, no estaría encausada por esto", especificó.
Y agregó: "En el año 1994 incorporamos a nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del ordenamiento jurídico y que tenemos que acatarlo y que hablan de la protección de los derechos a la niñez". Fue en ese sentido que la abogada bregó para "dejar de apegarnos literalmente a la ley, y hacer prevalecer el superior interés del niño".
Nueva audiencia y posibles penas
"Las defensas tienen derecho a ejercer su apelación", reconoció la querellante al comunicar que se mantiene a la espera de la resolución que tendrá esta nueva instancia judicial que deberá saldar el pedido de prescripción.
"Las defensas cuentan con una etapa de mejoramiento de recurso y luego de eso habrá que tener una resolución de segunda instancia", indicó Hundt. "La fecha de audiencia para el mejoramiento del recurso es la semana próxima; es una etapa en la que se escucharan los argumentos de estos pedidos", explicó al adelantar que "llevará un tiempo más el resolver estas apelaciones".
"Son varios delitos a los que se les suman agravantes por las relaciones familiares o de confianza, lo que hace que se aumenten o agraven las penas en cada caso. La situación de la madre es más gravosa que la de, por caso, un vecino que haya alguna participación mínima", estimó la querellante al comentar que "las penas varían entre los 13 a 16 años". "Esperamos que la pena que se aplique sea la máxima en la escala para este tipo de delitos", sentenció.
Los detalles de los escalofriantes hechos
A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos "preparado" para que sus cuerpos "toleraran" los abusos sexuales a los que luego los sometería.
Esas "preparaciones" consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.
Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.
Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como "observadores" pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.
Las "fiestas" y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores - hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.
Pero os abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.
Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo - la abuela fue declarada insana y apartada de la causa -. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación de siete personas más que eran quienes compraban los servicios sexuales de los menores.
En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.
Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: "Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad".
En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que "el daño ocasionado a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (...) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes aún perduran".
Una causa "dormida"
La causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales en julio de 2013, pero desde esa fecha hasta 2017, estuvo prácticamente "dormida". Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas.
La fiscal pidió la nulidad de todo lo actuado hasta septiembre de 2017 y dio una ampliación de requerimiento fiscal, revisando las imputaciones. El 24 de agosto hubo una rueda de reconocimiento donde los chicos volvieron a los Tribunales de Paraná, siendo ya mayores de edad, y reconocieron a varias de las personas, sindicadas como sospechosas de haber sido partícipes de estos abusos sexuales en rituales.
Para resguardar a las víctimas
Consultada a la abogada los motivos por los que no se puede revelar las identidades de los acusados, ésta argumentó: "Preservando a los niños es que tratamos de no realizar demasiadas manifestaciones que permitan llegar a la individualización de ellos; es en protección de las víctimas y para que no sufran ninguna agresión ni malestar en su vida cotidiana".
De acuerdo a lo que comentó, durante el proceso, las victimas contaron con "acompañamiento psicológico y terapéutico para que puedan estar fortalecidos y empoderados ante cualquier situación que tengan que vivenciar; su familia los ha contenido mucho, y sus lazos familiares y de amistades han sido de gran apoyo para ellos, al igual que la red de contención escolar también ha sido muy importante".
"Estamos alertas a cualquier situación y ellos están en conocimiento de que ante cualquier situación que vivencien, tienen que denunciarla porque es en resguardo de los mismos", destacó Hundt.
Fuente: El Once Digital.