Medio centenar de detenidos, infiltrados policiales y heridos fue el saldo de la represión del gobernador Rodolfo Suárez a la marcha provincial a la ciudad de Mendoza. Fue tras la reforma de la ley 7.722, pactada entre radicales, peronistas y mineras.

Según el propio jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, al menos 45 manifestantes fueron detenidos por la fuerza este lunes a la tarde. Lo que no dijo el jefe policial es que las detenciones se produjeron en medio de una represión planificada que incluyó infiltración de efectivos de civil entre la gente, amedrentamiento callejero a los tiros y una violenta cacería de personas cuyo “delito” era manifestar contra la reforma de la Ley 7.722 de protección del agua.

Esta reforma, como se viene informando, se consumó en el Legislatura mendocina el pasado viernes tras un pacto entre el Frente de Todos-PJ, la UCR del gobernador Rodolfo Suárez y multinacionales como Barrick Gold mientras la sociedad movilizada repudiaba este nuevo ataque a los recursos naturales y la salud pública.

La marcha de este lunes había llegado temprano a las puertas de la Casa de Gobierno y se convirtió en una demostración contundente del rechazo popular a la reforma legal que amenaza seriamente la protección del agua como recurso y derecho humanos fundamental.

El jefe policial Munives dijo a medios mendocinos que “pasadas las 13.30, un conjunto de personas muy alteradas, muy virulentas, comenzaron a arremeter violentamente contra la Policía con elementos contundentes”.

Paralelamente la oficina de prensa del gobernador Suárez lanzaba un comunicado en el que se afirmaba que “luego del mediodía comenzaron los hechos de violencia por parte de un grupo de manifestantes identificados con partidos políticos quienes agredieron a personal policial que se encontraba cumpliendo funciones”.

Claramente no hablaba ni de la Unión Cívica Radical (su partido) ni del Partido Justicialista-Frente de Todos (que le dio los votos para la reforma de la ley), sino de la izquierda que se manifestaba solidariamente con las asambleas ciudadanas en defensa del agua. Allí, en las calles protestando, estaban el diputado nacional Nicolás del Caño, el senador provincial Lautaro Jiménez y demás referentes del Frente de Izquierda Unidad.

Desmintiendo al Gobierno provincial y su Policía, integrantes de la Asamblea por al Agua dijeron a varios medios, entre ellos a la Agencia Télam y a La Izquierda Diario, que durante los momentos previos a la represión se vio por las calles aledañas un preparativo especial a cargo de la Policía, donde de móviles de la fuerza salían personas vestidas de civil, con mochilas y caras cubiertas.

Una manifestante confirmó que vio cómo en las calles San Martín y Zapata agentes de civil con chalecos antibala debajo de sus remeras bajaban de las camionetas de la Policía. Luego, en la misma esquina, llegarían motos sin las insignias oficiales pero con agentes portando handys a través de los cuales organizaban lo que luego serían las "aprehensiones".

Minutos después, miles de manifestantes comenzarían a alejarse del centro de la protesta producto de los gases lacrimógenos y las balas de goma lanzados por la Policías desde el vallado de la Casa de Gobierno. Con ese panorama, la Policía aprovecharía para lanzarse a la detención violenta e indiscriminada de quienes caminaban por la calle. Incluso con las motos llegaron a atropellar por la espalda a jóvenes desprevenidos. Nada de eso dijo esta tarde el jefe de la Policía Munives.

Vale decir que, entre las personas detenidas, según denunciaron organizaciones ambientalistas, se encuentra Julieta Lavarello, abogada de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza. La letrada fue trasladada a la Comisaría Tercera de Mendoza junto a otros detenidos. La propia madre de la abogada dijo a radio La Mosquitera que su hija fue llevada al calabozo junto a un grupo de vecinos después de transitar más de 100 kilómetros desde el Valle de Uco hasta la Casa de Gobierno para exigir el veto de las reformas a la Ley 7.722.

Sebastián, uno de los detenidos que logró ser liberado al cabo de unas pocas horas, dijo a la radio Cuyum que estaba junto a otras personas manifestando en el Parque Cívico y allí identificaron “a unos infiltrados y nos dimos cuenta que eran de Investigaciones (de la Policía). Fuimos pidiéndoles de a uno que se fueran, no se fueron. Entonces les empezamos a cantar para que se pudieran ir. Lo logramos”.

Luego el joven fue a cargar agua para el mate a una cuadra de la manifestación y allí se encontró con los mismos hombres que habían sido corridos previamente. “Nos los encontramos en la esquina y esos mismos y nos detuvieron, nos agarraron y nos dijeron ‘te vamos a hacer pasar la navidad acá’. Esperaron un móvil, nos trajeron a la Tercera, nos llevaron a Sanidad, y nos volvieron a la comisaria tercera. La sacamos barata porque llegaban chicos con heridas y golpes en la cara y patadas”, dijo Sebastián.

Ante la brutal represión del Gobierno de Suárez (quien afirmó que no tiene previsto vetar absolutamente nada de la reforma de la ley 7.722), muchos manifestantes marcharon desde el centro de la capital mendocina hasta el kilómetro Cero. Y desde ahí fueron al nudo vial de Costanera y Vicente Zapata donde cortaron el tránsito.

Desde allí Julio, uno de los cientos de manifestantes, dijo a este diario que “hay una bronca muy grande por lo que hizo el Gobernador, que es modificar una ley que cuida el agua de Mendoza, que es un recurso escaso, y hay mucha gente que no puede contener tanta bronca. Y la Policía armó un operativo represivo aprovechando que mucha gente quiere expresar esa bronca, producto de la impotencia que le genera semejante ataque del Estado”.

“Hay mucha gente que no puede comprender cómo entre los radicales y los peronistas pactaron este crimen brutal contra la población a través de la entrega del agua a las multinacionales mineras para que contaminen a gusto”, sintetizó Julio.

Luego de la brutal represión y las detenciones, la senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti tuiteó una especie de repudio a la represión.

Curiosamente, Fernández Sagasti fue una pieza clave para que el PJ provincial le diera los votos al radicalismo para modificar la Ley 7.722. Cuesta creer que la senadora no supiera el repudio popular que generaría ese pacto en favor de las multinacionales contaminantes. Y mucho más cuesta pensar que no sepa que al repudio popular en las calles todos los gobiernos los reprimen.

Fuente: laizquierdadiario.com/