Luego de años de una profunda crisis e intentos de salvatajes económicos, la Justicia comercial decretó la quiebra de la firma Industrias Alimenticias Mendocinas, una de las principales productoras y exportadoras de conservas de esta provincia y que en el mercado es reconocida por sus marcas Alco y Canale.
El grupo cuenta con tres plantas de producción localizadas en las localidades mendocinas de Tunuyán, Tupungato y San Rafael. Son alrededor de 1.000 los empleados que corren riesgo de quedarse sin trabajo y justamente la Justicia solicitó que en el proceso de quiebra se protejan las fuentes laborales.
El panorama de la compañía dedicada a la producción de conservas de tomates, legumbres, dulces y mermeladas es complicado desde hace varios años. Según los registros oficiales, desde noviembre del año pasado incumple con el pago de cargas sociales a sus empleados. Además, en los últimos 24 meses sumó cheques rechazados por $69 millones y su deuda bancaria asciende a poco más de $22,6 millones, el 55 por ciento tomada con el Banco Nación y el resto con el Banco Macro, toda en situación cinco (irrecuperable).
El balance anual de la compañía cerrado en mayo del año pasado había informado ventas totales por poco más de $282 millones y una pérdida después de impuestos de $82,2 millones, pero este no fue el único ejercicio en el que perdió plata. En 2016 el negativo alcanzó los $355 millones y un año antes los $131 millones.
La historia del grupo se remonta a fines de la década del 50 cuando comenzó a operar en la provincia de Mendoza y con el correr de los años logró consolidarse como una de las principales productoras y exportadores de conservas de la provincia. El gran salto lo concretó en 2001 cuando se quedó con a marca comercial Canale y los activos para la producción de mermeladas, además de una planta de envases de hojalata en Lavallol, provincia de Buenos Aires.
La firma había alcanzado un acuerdo en abril del año pasado con el fondo de inversión norteamericano Greylock Capital para reestructurar el pasivo a cambio de acciones pero esto tampoco fue suficiente para palear los problemas de la empresa. En 2015 también recibió un salvataje financiero de Nación por $150 millones para que volviera a operar después del concurso de acreedores que inició en 2010.
Así es que a partir de ahora, con un síndico y vehedor de la Justicia, la firma seguiría operando y el plan está orientado a ordenar la estructura para conseguir interesados o rearmar el negocio con la conformación de una cooperativa de trabajadores.