Los funcionarios macristas están siendo investigados por incompatibilidad de intereses y encubrimiento.[{adj:65223 alignright}]

Dos de los funcionarios más emblemáticos de Cambiemos fueron procesados en una causa en la que se los investiga por negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y Juan José Aranguren, exministro de Energía, han sido procesados por el juez federal Luis Rodríguez.

“Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación” dice el fallo.

En el caso del accionar de Laura Alonso, el juez Rodríguez fue tajante: “Con gran asombro puede leerse de sus fundamentos que Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en Cammesa a un funcionario directo suyo, circunstancia que en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal”.

Advierte además que Alonso “efectuó una consideración que escapa a toda la lógica jurídica propia de la materia, en la cual la imputada debería resultar experta, en cuanto presupone que únicamente resulta ser la actuación directa (esto es, con la firma) la que podría generar algún tipo de irregularidad en el obrar del Sr. Ministro”. En otras palabras, la recomendación de la titular de la Oficina Anticorrupción de delegar la firma cuando hubiera incompatibilidad de intereses no alcanza para eludir la responsabilidad de los funcionarios.

El dictamen judicial en la misma línea advierte que “la encartada efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función”.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell SA.”.

Fuente: Tiempo Argentino.