El 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria, la cual se convirtió en piedra fundamental del sistema educativo nacional. Las discusiones sobre esta ley, pusieron en evidencia distintos puntos de vista en torno a la enseñanza y a la función de la religión.

La discusión acerca de la ley de la Educación fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance, en la historia argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado (y de la nación) sobre la educación dividieron a la generación del ochenta.

Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela. Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado.

La ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley.

Más allá de cualquier crítica que pudiera hacérsela a la ley 1420 promulgada el 8 de julio de 1884, fue un importante paso en el establecimiento de derechos para la población residente en el territorio argentino, al establecer la escuela obligatoria, gratuita, laica, común a todos y gradual. Estaba dirigida tan sólo al nivel primario.

Las discusiones sobre la ley, en su momento, pusieron en evidencia distintos puntos de vista en torno a la enseñanza y a la función de la religión – debates importantes entre la llamada generación del ’80.

Fruto de este debate devino en la pérdida, para la Iglesia católica, de sus potestades en lo atinente a registro civil, educación y matrimonio. Debido a sus fuertes presiones, la ley no mencionó el carácter laico de la educación y así permitió que la educación religiosa fuera considerada opcional (con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar).

La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley. Los padres estaban obligados a enviar a la escuela a sus hijos. Por último, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación –privada o pública- quedó en manos del Estado.

En las décadas siguientes – y hasta el día de hoy – la ley se convirtió en una divisoria de aguas de los sucesivos enfrentamientos ideológicos que atraviesan las distintas posiciones en el país.

Educación en la democracia

El presente documento fue aprobado en la última Asamblea de Consejo Federal del día 27 de noviembre 2003 por los ministros de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y por el ministro de Educación de la Nación.

Educación en la Democracia

Balance y perspectiva

La educación es el eje central del proyecto de un país moderno e integrado donde todos encuentren un lugar y vean cumplidos sus derechos políticos y sociales.

Como integrantes del Consejo Federal de Cultura y Educación, los Ministros de Educación de todo el país, hemos decidido iniciar un proceso de evaluación de lo realizado en la educación nacional durante estos 20 años de democracia como el mejor modo de construir un Proyecto Educativo Nacional. Este Consejo Federal desde sus orígenes ha sido un espacio de construcción de acuerdos y de concertación de la política educativa. Hoy creemos estar dando un paso histórico en esa misma dirección.

Cada jurisdicción ha hecho su propio recorrido y aunque poseemos orígenes partidarios diferentes nos unimos en la preocupación y el compromiso con la tarea que se desarrolla en más de 40.000 escuelas de nuestro país, que atienden cada día a 10.000.000 de niños, jóvenes y adultos.

Este trabajo de evaluación se inicia con un espíritu sereno y objetivo tratando de identificar logros, errores y problemas pendientes, sin establecer autocensuras ideológicas o encasillamientos partidarios. Hacer memoria es darle consistencia al Estado enlazando sus diversas etapas de gestión. Un Estado sólido no comienza de la nada. Un Estado serio no da saltos en el vacío; es autocrítico, recupera experiencias, corrige y supera su propia historia. Un Estado serio y sólido se hace cargo.

La reinstalación de la democracia encontró un país educativo desigual e inequitativo. Esta desigualdad aún no pudo ser saldada, pero es innegable que en 1983 emerge una intensa corriente de renovación que perdura hasta nuestros días. La educación entró en un estado de debate y reflexión que se extendió al conjunto de la sociedad en el recordado Congreso Pedagógico Nacional de 1984-87. El país democrático quiso entrar en la escuela, superando el paradigma autoritario, tratando de construir una escuela activa, participativa, reflexiva y actualizada. Luego de años de intolerancia se puso fin a la persecución ideológica en escuelas y universidades.

Una inmensa mayoría de los actores educativos rechazaba la organización piramidal, burocrática y centralizada del sistema nacional que gestionaba con lentitud a escuelas distribuidas en todo el territorio, algunas a miles de kilómetros de distancia. Enormes transformaciones sociales y políticas estaban aconteciendo en las ciencias, la tecnología, las teorías y metodologías educativas que empujaban a la mayoría de los países del mundo a emprender reformas estructurales.

El centenario sistema educativo argentino, que nunca había podido darse un nuevo encuadre organizativo desde aquella lejana ley 1420 de 1884, se puso en movimiento pariendo con esfuerzo un nuevo consenso para la educación nacional.

El largo debate parlamentario realizado entre 1984 y 1993 preparó el nuevo marco legal: la ley 24195 llamada Ley Federal de Educación. Un instrumento meditado, perfectible, quizá polémico en alguno de sus enfoques pero que expresa un largo proceso de construcción de consensos. Sin embargo, en la actualidad se le atribuyen efectos que le son ajenos, como la política de descentralización de servicios que se decidió en una ley anterior - la 24049 del año 1991- y luego se ejecutó sin garantizar los recursos necesarios para llevarla a cabo.

Es cierto que la puesta en práctica de la nueva normativa, mostró en muchos casos errores y deformaciones, entre los que el incumplimiento de las metas presupuestarias, es uno de los más salientes. La profunda crisis social y económica del país, junto con políticas fiscales equivocadas inhibieron la inversión educativa pactada. La duplicación del presupuesto previsto por la misma Ley Federal hubiera permitido aumentar la capacidad de inclusión educativa y mejorar la calidad de su servicio. Es indudable que no se logró instalar un sistema integrado; la educación argentina aún no pudo superar su larga historia de fragmentación y desarticulación. Reconocer la existencia de esas equivocaciones no excluye recuperar los avances realizados: la ley 24195 tuvo el mérito de organizar el sistema nacional de educación estableciendo claramente los roles de la Nación, de las provincias y del Consejo Federal de Educación, las jurisdicciones crecieron en capacidad de decisión y autonomía superando un modelo organizativo centralizado, se fijaron diez años de enseñanza obligatoria respondiendo a una demanda generalizada, se intentó promover la unidad del sistema educativo a través de Contenidos Básicos Comunes para todas las jurisdicciones; la firma del Pacto Federal Educativo supuso un aumento en la inversión de recursos, accedieron a la educación cientos de miles de niños, jóvenes y adultos argentinos de los sectores económicamente más vulnerables.

La inclusión en el sistema educativo es un mandato central de la sociedad y un deber del Estado, aunque no deba quedar reducida a la matriculación ni a la retención. La Constitución Nacional otorga a los ciudadanos el derecho a la educación, derecho que no se reduce a la obtención de una vacante en una escuela. Sabemos que la escuela es un instrumento de inclusión social cuando además de garantizar el acceso a toda la población logra formar en los conocimientos y los valores que la sociedad de hoy y del futuro demandan: inclusión con aprendizaje, es la síntesis que pretendemos.

Pero reconocer las limitaciones descriptas, no implica descalificar todo lo realizado en estos 20 años. No se trata de embarcarse en la nostalgia de las épocas autoritarias predemocráticas ni de retomar planes educativos y metodologías de enseñanza del siglo XIX. Hay una generación de niños y jóvenes argentinos que nacieron y crecieron en un clima democrático. En su conciencia social no hay lugar para atajos autoritarios o golpes de Estado. Este es un capital social invalorable, que sin duda nos hace mejores como pueblo.

No puede hacerse un análisis de las dificultades educativas del país sin tener en cuenta sus indicadores sociales y económicos. Más de la mitad de los alumnos provienen de hogares pobres. En medio de la peor crisis económica y social de la historia nacional las escuelas siguieron en pie y se abrieron nuevas. En tiempos de exclusión la escuela fue inclusiva. Ratificamos la agenda educativa nacida con la democracia pero también la abrimos a los nuevos retos del presente y del futuro.

Este Consejo Federal acompaña al ministerio de la Nación en su firme voluntad de seguir construyendo un Proyecto Educativo para la Argentina. Hoy, como en sus orígenes, la educación es un espacio decisivo para consolidar la identidad nacional y una ruta estratégica para promover el desarrollo personal, social, económico y cultural. Deseamos una educación más articulada con el proyecto de desarrollo nacional. En palabras del Sr. Presidente de la Nación en su discurso inaugural a la Asamblea Legislativa: "debemos dejar de considerar a la educación, la ciencia y la tecnología como políticas sociales, entendiéndolas como estrategias de desarrollo"

Es indispensable profundizar los puentes de intercambio entre el sistema educativo y el mundo de la producción y del trabajo.

Es prioritario también ofrecer el servicio educativo de mayor calidad a los sectores sociales más empobrecidos. En este tiempo en que renace la esperanza colectiva, nosotros queremos rescatar el sueño de alcanzar una escuela mejor:

Una escuela abierta.

Que sea el lugar de la memoria, recuperando nuestra tradición cultural argentina y latinoamericana. Una escuela abierta a la innovación, estrechamente vinculada a su medio social. Una escuela que se constituya en instancia de diálogo entre alumnos, directivos, docentes y familias. Una escuela, que confíe en los niños y jóvenes de hoy valorizándolos y ofreciéndoles propuestas pedagógicas atractivas.

Una escuela justa.

Que sea capaz de luchar contra toda forma de injusticia, discriminación, intolerancia y no reproduzca en su interior las heridas sociales.

Una escuela democrática y solidaria.

Que ratifique la responsabilidad y la autoridad de los adultos, pero que construya la validez de esa autoridad y de sus normas en el intercambio, la participación y los consensos. Una escuela que reafirme los valores de nuestra identidad histórica: la solidaridad, el respeto por las personas y las instituciones, la paz y la justicia social.

Una escuela federal.

Que complemente la vocación de los gobiernos provinciales por hacerse cargo de sus sistemas educativos y que genere un compromiso efectivo con el medio en el que está inserta. El mundo globalizado debe afrontarse desde el fortalecimiento de la propia identidad y una fuerte identificación con lo local.

Una escuela que reafirme y renueve sus objetivos fundacionales.

Que pueda recuperar su significado social y educativo. Una escuela concentrada en enseñar y aprender cuyo sentido se decida en el aula, no en el comedor.

Una escuela esforzada.

Que afirme el valor del empeño y el trabajo constantes para alcanzar objetivos significativos. Que estimule el desarrollo de las capacidades y reconozca el mérito en sus alumnos. Que sea una institución reflexiva en constante aprendizaje.

Hemos atravesado momentos de gran turbulencia y tribulación para nuestro pueblo. Inaugurar este proceso responsable y riguroso de evaluación de lo realizado en estos últimos 20 años es un gran paso adelante. Asumimos nuestra responsabilidad y desde nuestra experiencia nos sentimos autorizados para aportar a la construcción de la nueva agenda educativa de la democracia.

Deseamos dejar sentado nuestro inmenso respeto por el esfuerzo cotidiano realizado por los docentes en las aulas, afrontando condiciones sociales cada vez más desfavorables para enseñar y aprender, sin permitirse bajar los brazos.

Estamos lejos de la educación de calidad a la que la sociedad argentina aspira. Hay niños, jóvenes y adultos aún fuera de las escuelas, y otros que están dentro recibiendo una educación insatisfactoria. Nos comprometemos a seguir trabajando para encontrar respuestas a estos desafíos sosteniendo a la educación como fuente de esperanza para nuestro pueblo.