El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) repudió la convocatoria a la "Consulta Ciudadanaconvocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser meramente decorativa, de carácter no vinculante y por escrito, y con la finalidad de imponer un incremento en las tarifas de peaje que se cobran en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Puente Rosario – Victoria y Accesos Norte, Oeste y Riccheri - Ezeiza – Cañuelas”.

Desde la organización, indicaron a AIM que “es sumamente grave que la consulta que vence el 17 de enero del 2022, simple e infundada y ni siquiera convocando a una audiencia pública, se llevará a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. Cabe destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público, así como ocurre con el gas, la luz o el agua”.

“Se imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar los porcentajes de aumentos que ya se encuentran definidos en las Resoluciones que han sido redactadas para aprobar el nuevo cuadro tarifario”, indicaron.

En ese marco, dijeron que el tema “no pasa por modificar los cuadros tarifarios en forma permanente sino que hay que analizar el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo desde los años 90. Contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, y tarifas calificadas de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés nacional y de beneficios abusivos para los concesionarios”.

“Es evidente que podría existir una maniobra tendiente a beneficiar en forma ilegítima a las Empresas Concesionarias, tales como Corredores Viales S. A., Caminos del Río Uruguay S. A., Autopistas del Sol S. A. y Grupo Concesionario del Oeste S. A., provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad”, destacaron.

En el caso concreto de los Accesos Norte y Oeste, “fue el actual Gobierno, el que antes siendo oposición, denunció que las Empresas Autopistas del Sol S. A. y Autopistas del Oeste S. A. (GCO) estaban fuera de la Ley y cuestionando la prórroga indebida de los respectivos contratos. Además criticaron y denunciaron a Corredores Viales S. A. que actualmente tiene bajo su administración todas las rutas nacionales concesionadas, excepto el corredor vial N° 18 (Rutas Nacionales Nº 12 y 14). Este último con una concesión ilegal y escandalosa que persiste en el tiempo desde los años 90. Sin embargo, ahora desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) intentan paradojalmente, y vaya a saber porque razón, premiarlos con un injustificado incremento de tarifas totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte”, apuntaron.

En ese marco, se preguntaron “hasta cuándo los usuarios viales deberán seguir soportando esta verdadera estafa vial que significan las concesiones viales bajo un régimen nefasto de ‘falso peaje’ o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, generando serios perjuicios sociales y económicos a toda la sociedad en su conjunto”, por lo que se exhortó al gobierno “a no dar curso al incremente de peaje propuesto, solicitando coraje, voluntad y decisión política para ponerle punto final al escandaloso negocio que significan las concesiones viales y que se padecen injustamente desde los años 90”.