“El Censo muestra que las provincias más beneficiadas por la coparticipación tienen peor infraestructura. La razón es que la plata se usa más para el clientelismo que para el desarrollo. Por eso hay que eliminar la coparticipación. Que cada provincia se autofinancie y asistir a las regiones más pobres con un Fondo de Convergencia”. Luis Lafferriere (*)

El reciente informe de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) que comienza con ese encabezado resume un pensamiento fundamentalista que busca interpretar de manera deformada la realidad, a los efectos de justificar medidas que sumen más acciones a favor de los sectores opulentos y concentrados de la sociedad, pero en perjuicio de la mayoría de la población y de las zonas más vulnerables del país.

Cuáles son los argumentos
Se afirma que según los números de la coparticipación federal de impuestos, el Estado nacional saca recursos de algunas provincias más ricas y productivas para transferirlos a zonas más pobres y atrasadas (como si eso fuera malo). Que además, el Estado nacional recauda impuestos por el 25 por ciento del PBI y las provincias sólo el cinco por ciento, pero reciben un ocho por ciento del PBI por la coparticipación (como si estuvieran recibiendo algo que no les corresponde).
También señala que las provincias del noroeste, aunque reciben más coparticipación, mantienen un alto porcentaje de la población con serios déficits de infraestructura social y mucha pobreza. A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde la situación social predominante muestra muchos mejores indicadores en las condiciones de vida, como hogares con cloacas y conexión a la red de gas natural.
Concluyen entonces que el empobrecimiento y la ampliación de las brechas de desarrollo son a causa de que las provincias más pobres reciben más recursos pero los usan mal, como dar más empleo público o realizar otras acciones clientelísticas. En consecuencia, debería eliminarse la coparticipación porque genera incentivos erróneos y provoca pobreza y atraso. Como si con ese “pase mágico”, que harían que la Caba y la provincia de Buenos Aires reciban más y las provincias pobres menos, mejorarían las condiciones de estas últimas.
Esa liviandad en el análisis no tiene en cuenta para nada los factores que han generado históricamente las diferencias territoriales y el estado de pobreza en amplias zonas del país, ni analiza la situación de otras provincias, para que las comparaciones puedan ser más amplias y válidas.
Al tomar sólo tres provincias con preocupantes indicadores sociales, deja de lado otras con situaciones similares de pobreza, y que tal vez no reciben tanta coparticipación. Pero además, no menciona algunas que sin esa pobreza reciben mayores porcentajes de coparticipación. Por lo cual, recibir más o menos porcentaje de coparticipación no es la causal de estar pobres. Esto muestra un sesgo que sólo buscaría desacreditar el parcial componente de redistribución en la ley de coparticipación, pero carece de rigor y fundamentos serios.

Los antecedentes históricos de nuestro capitalismo dependiente
La Argentina se desarrolla (o subdesarrolla) desde la conformación de la nación como un país periférico, en ese momento apéndice del imperio británico, encargada de proveer alimentos y materias primas a la industria inglesa, y comprarle los productos elaborados, en una clara división del trabajo que perjudicaba a nuestro potencial desarrollo industrial.
En ese esquema, el puerto de Buenos Aires y el litoral pampeano concentraron la mayor parte de la riqueza y las inversiones, y el centralismo porteño se convirtió en el invitado especial del reparto por quedarse con los ingresos de la aduana, en un proceso histórico que fue manteniendo en la mayor pobreza al resto del territorio nacional y alimentó el macrocefalismo.
Ese mismo esquema se consolidó cuando se inicia el fuerte proceso de desarrollo industrial, décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, ya que la mayor parte de la población, de la infraestructura, de las inversiones y de la riqueza se concentró mayormente en esa misma región, que va a abarcar la franja que baja por el río Paraná, y va desde el centro-sur de la provincia de Santa Fe hasta el cinturón industrial del Gran Buenos Aires.
Eso ayudó al despliegue de muchas obras de infraestuctura en el litoral pampeano, que operaron como círculo virtuoso de más inversión, más producción, más empleo, más población, mejores condiciones de vida, etc.
Desconocer este proceso y afirmar que la pobreza de provincias del norte obedece a que reciben demasiados fondos de la coparticipación, oculta una mirada sesgada, incompleta, deformada y malintencionada. Pero también desconoce (o peor aún oculta intencionalmente) cómo funciona realmente el mecanismo de la coparticipación federal de impuestos.

El origen de la coparticipación
Recordemos que al formarse el Estado nacional con la hegemonía del centralismo porteño, se definió en la propia Constitución Nacional que el Estado se financiaría con recursos provenientes de tributos sobre el comercio exterior (los que tomará para sí con exclusividad), en tanto que las provincias se deberían financiar con impuestos a la actividad interna, algo que la nación también podría tomar.
Durante la vigencia del modelo agroexportador (últimas décadas del siglo XIX hasta la crisis de los años 30 del siglo XX) la recaudación por impuestos al comercio exterior, exclusiva para el Estado nacional, fue significativa por su volumen. Pero al sobrevenir la crisis de ese modelo, y con la caía a pique de nuestras exportaciones e importaciones, el Estado nacional vio caer en forma abrupta sus ingresos tributarios de ese origen, y comenzó a meter mano a los impuestos internos, en competencia con las provincias.
Para evitar que se produjera la sobreimposición sobre los mismos hechos imponibles (con impuestos nacionales y provinciales a la vez), en la década del ’30 se acordó un nuevo régimen, denominado de coparticipación federal de impuestos, donde se recaudaría sólo una vez por cada tributo (evitando la doble imposición) y se repartirían los recursos así obtenidos entre el Estado nacional y el conjunto de las provincias.
A los efectos prácticos y operativos, el Estado nacional tomó la tarea de recaudar en nombre de todos, y luego devolver a las provincias lo que acordaron por ley y les correspondía legítimamente. Eso es lo que se llama la distribución primaria. Luego la parte correspondiente a las provincias se distribuye entre todas ellas, según ciertos indicadores, y eso constituye la distribución secundaria.
Desde entonces hubo disputas y cambios legislativos por el reparto, entre lo que recibía la Nación y el conjunto de las provincias, hasta que en el año 1988 se sancionó la última y actual ley de coparticipación federal de impuestos (aun vigente), que dispone que del total recaudado en todo el territorio, la Nación se quedará con el 43% del total, y todas las provincias con el 57 por ciento restante.

Los fondos coparticipables salen de las provincias
Está claro que lo que se recauda en concepto de impuestos coparticipables, se genera en todo el territorio nacional, pero en cada una de las provincias. Por lo que las provincias, cuando reciben los fondos coparticipables no reciben ningún regalo, sino que recuperan recursos que les corresponden legítimamente. Algo que el informe de Idesa intenta tergiversar en su análisis.
Pero más grave aún es el hecho de que desde los años ’90, el Estado nacional conducido por el justicialismo, comenzó a modificar de manera unilateral los porcentajes de la coparticipación, y con leyes y decretos nacionales les fue quitando sus recursos a las provincias, al punto de llegar a quedarse la Nación con más del 70 por ciento del total, y dejando a las provincias menos de 30 por ciento.
Esas modificaciones implican un robo gigantesco por la Nación a los fondos que les corresponden de manera legítima a las provincias, y que el Estado nacional destina luego a dos fines principales: pagar los intereses usureros de una deuda fraudulenta que nunca asumió el pueblo y ya la pagó varias veces, y otorgar subsidios multimillonarias a grandes grupos empresariales.
Ese recorte fue más injusto todavía, porque el Estado nacional le fue transfiriendo a las provincias la prestación de servicios a exclusivo cargo de ellas, es decir sin el correspondiente financiamiento, como sucedió con la salud y la educación.
El resultado fue que la mayor cantidad de servicios que reciben todos los argentinos se los prestan las provincias (justicia, seguridad, salud, educación, acción social, etc), pero cada vez con menor recepción de impuestos.
Existen incluso otras normas, como el denominado Convenio Multilateral, cuyo texto vigente fue aprobado en 1977 durante del gobierno dictatorial, que dispone que las empresas que tienen actividad en diferentes provincias del país, deben declarar y pagar tributos mayormente en el lugar de su sede central, lo que beneficia principalmente a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las arcas públicas provinciales y municipales del resto del territorio. Esto va en perjuicio de la gran mayoría de las finanzas públicas provinciales, pero perjudicando además a sus empresas pequeñas y medianas que deben pagar sus impuestos proporcionalmente más altos que las sucursales de grandes empresas radicadas en las provincias pero con sedes centrales en la Caba.
Lo antes comentado explica varias de las razones por las que no se han podido generar tantos trabajos productivos en el sector formal privado de muchas provincias del norte, que fueron relegadas en los diferentes períodos históricos y por distintos modelos económicos vigentes en la Argentina desde el inicio de la organización nacional.
Explica a la vez otro grave problema que sufren muchas provincias, que es la pérdida dolorosa de gran parte de su población, en especial de los jóvenes, que ha debido emigrar en busca de mejores posibilidades de trabajo y de vida en zonas más desarrolladas y privilegiadas del país.

Los verdaderos saqueadores que hay que suprimir
¿Por qué entonces se propone suprimir a la coparticipación? ¿Por qué se apela al falso argumento de que esa es la causa de la pobreza del norte? Porque de esa manera se evita buscar las causas profundas del atraso social y de las desigualdades territoriales, y se busca por el contrario quitarles más recursos al conjunto de las provincias.
Hoy en nuestro país se viene desplegando y profundizando desde inicios de este siglo un nuevo modelo económico social, que incrementó de manera sostenida y pronunciada la histórica concentración económica en un número cada vez más reducido de poderosas corporaciones multinacionales y en un puñado de grandes capitales especulativos (bancos, financieras, fondos de inversión, etc).
Estos actores centrales, predominantemente extranjeros, son quienes captan la mayor parte de la riqueza y van vaciando, destruyendo, contaminando y saqueando todo el territorio, y dejando al grueso de la población empobrecida.
Existen nuevas actividades desarrolladas por esos sectores concentrados, características del extractivismo depredador que se despliega en todo el territorio, que son ‘competitivas internacionalmente’ pero lo hacen a costa de destruir y contaminar los bienes comunes, que no dejan ningún beneficio en las poblaciones donde actúan, y que las convierten en zonas de sacrificio, con un futuro sin perspectivas.
Como esas actividades casi no generan empleos productivos pero sí destruyen el entramado de pymes, es grave la situación ocupacional de la mayoría de la población, donde más de 50 por ciento de la PEA en la Argentina sobrevive en el desempleo, el empleo precario, en changas, en trabajos no formales y mal pagos. Y como resultado de ello, para evitar situación sociales conflictivas y grandes movilizaciones populares, se apela a dar más empleos en el sector público (en gran parte innecesario) y completar esas políticas con subsidios masivos.
Desconocer esta realidad y afirmar que la pobreza de muchas provincias del norte argentino se debe a que reciben más recursos en perjuicio de las más ricas (como la Ciudad de Buenos Aires) es una conclusión interesada, sin fundamentos, que busca hacer más pobres aún a las regiones relegadas y saqueadas, y ocultar a los verdaderos responsables de la crisis actual y de la miseria en que está sumida la mayoría de los argentinos.
Informes como el comentado abusan de la falta de conocimientos y de información que predomina en gran parte de la ciudadanía, y tienen como objetivo pregonar ideas que sean aceptadas por la sociedad, pero que van en perjuicio de las mayorías.
La pobreza y la miseria cada vez más generalizadas obedecen al múltiple saqueo que se realiza en la Argentina: desde los recursos del interior hacia la capital, desde el conjunto del pueblo hacia los sectores más concentrados (corporaciones y usura), y desde nuestro país hacia los países dominantes.
Nada justifica, salvo ese saqueo, que con apenas 46 millones de habitantes, en un mundo con más de 8000 millones, y con un territorio privilegiado (por su extensión y la riqueza de sus recursos), tengamos la mitad de los argentinos viviendo en situación de pobreza estructural.

¿Qué hacer entonces?
Frenar ese saqueo sí que va a permitir, con otras políticas adecuadas, gestar nuevas formas de producir, distribuir, consumir y convivir, donde todos tengan derecho a disfrutar de una vida digna y sin afectar o destruir los bienes comunes, a los que tienen derecho también las futuras generaciones. Pero eso no se logrará esperando que las soluciones vengan “de arriba” ni de la mente de los economistas iluminados del establishment.
¿Hasta cuándo seguiremos encandilados con los espejitos de colores que nos ofrecen los capataces nativos del imperio, los gestores políticos del poder económico más concentrado, los medios de in-comunicación y des-información que modelan el pensamiento predominante? Los casi cuarenta años de democracia que llevamos nos están mostrando que no sirve con votar por quienes nos van a entregar a los insaciables saqueadores. El cambio necesario es posible, imprescindible y urgente, pero por otras vías.
Ese cambio sólo se hará realidad con la participación activa y masiva del pueblo argentino, que movilizado y comprometido haga escuchar sus reclamos y propuestas, para lograr otros mundos posibles, solidarios, equitativos y sustentables. Se requiere cambiar nuestros lentes para mirar e interpretar la realidad. Cambiar la conducta y luchar por un país y un mundo mejor para todos. Luchar por el Buen Vivir: vivir más en armonía con nosotros mismos, con nuestros semejantes, y con la naturaleza de la cual formamos parte.
Tenemos muchas condiciones para el cambio. La riqueza y vastedad de nuestro territorio. La escasa densidad poblacional en relación al tamaño. Las importantes capacidades de gran parte de la población. La todavía existente base económica y productiva. Las numerosas experiencias y ejemplos de construcción de alternativas en distintos ámbitos y lugares de nuestra geografía.
Pero hay que agregar y construir otras condiciones. La necesidad de participar activamente, construir soberanía local: alimentaria, energética, de bienes de consumo diario, de viviendas sustentables, soberanía política y cultural. Democratizar la sociedad, sus organizaciones, entidades y espacios comunes.
Crear cohesión social y fortalecer los lazos comunitarios. Crear redes de comunicación/acción entre las múltiples formas de resistencia. Formar movimientos amplios con un marco contextual que busque una visión compartida para construir otro orden social. Estar convencidos que podemos, si lo hacemos entre todos y con democracia real. Nadie nos regalará un presente y un futuro mejor, si no lo hacemos nosotros mismos y entre todos. Y si no estamos dispuestos a luchar por ello… será que no lo merecemos.
Del Informe de Idesa del 28/5/2023.

Luis Lafferriere (*) Contador Público – Master en Dirección de Empresas - Profesor universitario de Economía – A cargo de la Cátedra Libre “Por una nueva economía, humana y sustentable”.