La Argentina es el país que mayor presión tributaria tiene sobre los impuestos en Ganancias, a los Bienes Personales y a los Sellos, si se considera que los sectores que los pagan deben afrontar la carga de manera mayor debido a la gran informalidad de la economía local. Pero si el ranking se amplía, los otros cuatro de los siete tributos analizados, se ubica en el top seis entre 30 países seleccionados para el análisis son todos los de Sudamérica y la Ocde, más España, Holanda y Suiza “por su relevancia económica tanto a nivel global como para Argentina”.

El informe lo elaboró la Unión Industrial Argentina (UIA), que reclamó medidas para evitar la concentración del cobro impositivo, ampliando la base de recaudación, aunque aclaró que no pedirá un recorte en los ingresos de los estados nacional, provincial y municipal en momentos de tensiones económicas. El objetivo, señalaron sus autoridades, es mejorar la inversión y evitar una carga extraordinaria para las empresas y los consumidores que afecta a la producción y al consumo.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó que el trabajo de los equipos técnicos de la entidad responde a la necesidad de pasar de la queja a las pruebas. “Este es el peso concreto de la carga impositiva que sufren las fábricas del país”, sentenció, en una charla que mantuvo con periodistas, minutos antes de que el informe comenzara a llegarle al resto del cuadro de conducción empresaria.

Luego vendrá, según anticipó Funes de Rioja, el momento de golpear las puertas de los espacios con representación legislativa e, incluso, los bunkers en donde están instalados los referentes de campaña de las principales alianzas partidarias: “Estamos en contacto con los equipos técnicos, para ver en qué medida hay una idea de proyecto industrial y productivo”.

Argentina y la presión impositiva

El plan de la UIA fue desandar el argumento de que la Argentina es un país de presión impositiva media, en el cuadro que lideran los estados con gran desarrollo productivo. La forma en que logró contrariar esa sentencia fue a través de la reponderación del índice tomando en cuenta la informalidad de la economía doméstica, en base a datos que mide la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si el contador es en base a la cantidad de impuestos que gravan al sector privado, Argentina estaría en el puesto 10 entre los 30 países analizados en la muestra. Pero con la variable “informalidad”, rápidamente toma el primer puesto, con el 50,7 por ciento, apenas por encima de Brasil que tiene una presión fiscal del 49,4. Eso se traduce que una empresa formal le destina el doble del valor de un producto al pago de impuestos.

Ese trabajo de reconsideración de la variable “formalidad” quedó en manos del área económica, que lidera el director ejecutivo, Diego Coatz, quien explicó que utilizaron una metodología internacional para medir la competencia desleal y la evasión, en términos de la OIT. Sucede que las estadísticas que manejan en la casa industrial es que el empleo informal creció 20 por ciento, mientras que el formal sólo un tres por ciento. “El trabajo informal no es duradero y genera una economía frágil. La sociedad no percibe que es un sobrecosto y una mochila que no permite el crecimiento”, alertó Funes de Rioja.

“La informalidad es un cáncer para la sociedad. No se revierte mandando inspectores, sino con entornos favorables para la creación: orden de juego, respeto orden constitucional, a derecho, hay que dar certidumbre para que la gente invierta, y también de la posibilidad de llegar a una concertación que deben hacer las grandes fuerzas políticas. No puede ser pendular”, reclamó el líder industrial, que espera saltar la grieta con el plan de renovación impositiva. El sueño es ser escuchado aún en el medio de la guerra entre oficialistas, opositores e, incluso, adentro de las propias coaliciones políticas.

¿Reforma tributaria?

El presidente del Departamento Tributario de la UIA, Carlos Abeledo, desestimó la propuesta para imponer una reforma tributaria: “No creemos que sea el momento, porque tienen que sentarse todos a la mesa para negociar. Lo que sí son necesarias aplicar son normas específicas para el funcionamiento de la actividad industrial”.

Según el informe, los cuatro impuestos nacionales que tomó la muestra responden al 90% de la recaudación del Estado. Allí se inscriben Ganancias de las Sociedades, IVA, Débitos y Créditos, y Bienes Personales. Sacando IVA, los tres restantes lideran el ránking de carga tributaria en su segmento, en la comparación con los países estudiados. Y si se toman en cuenta los provinciales (Ingresos Brutos y Sellos), lleva al país al liderazgo de presión impositiva.

¿Cuál es la solución para los industriales?

Para los industriales, la solución es aplicar una simplificación tributaria con el objetivo de “reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas y adecuar ciertos aspectos de la normativa que tendrían un impacto positivo en el sector productivo”. Para eso, propondrán reformas “en varias normativas y mecanismos más ágiles que requieren de compromiso Nación-provincias”.

También llevarán a cada despacho una ley de incentivos a las inversiones industriales con tres claves: que esté destinado al sector industrial; que sea en base a la incrementalidad, sin modificar recursos existentes; y que se automático, “de fácil obtención para los sujetos beneficiarios”.

Entre los incentivos fiscales, pedirán: amortización acelerada de las inversiones; doble amortización de inversiones 4.0; deducción de intereses sobre el capital propio utilizado en las inversiones; y deducción de exportaciones por el 10 por ciento del incremental en valor FOB. También reclamarán una aplicación efectiva de la deducción de inversiones en emprendimientos; libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA; y la inclusión de gastos de comercialización en reintegro de IVA a productores de Bs. de Capital

Está claro que todo llega a los dólares, porque en incentivo económico reclamado es el “acceso a divisas para el repago de la inversión y como incentivo a exportaciones”.