El Gobierno decidió extender hasta el 24 de julio el plazo límite para alcanzar un acuerdo con los acreedores externos, luego de que en las últimas semanas se acercaran posiciones, pero con diferencias importantes en los detalles finales, sobre todo en lo que hace el valor presente neto, es decir, cuánto les reconocerá la Argentina a los bonistas por cada 100 dólares invertidos.

El comunicado oficial aclara que se fija esta fecha salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada. De mantenerse este límite, los resultados de la negociación se conocerían el 27 de julio y la Fecha de Ejecución será el 30 de julio de 2020.

De esta forma, el nuevo plazo que definió el gobierno toma todo el lapso que queda antes del próximo vencimiento de un pago de la deuda externa. Sucede que el 30 de junio se operará un vencimiento de bonos (Discount y Par) pero se adicionan 30 días durante los cuales el país puede no pagar sin caer en un nuevo incumplimiento, de donde la fecha límite es precisamente el 30 de julio.

Pese a las tensiones de los últimos días y la necesidad de extender el plazo de las conversaciones por la falta de un acuerdo, “las posibilidades de lograr una resolución favorable para la deuda externa argentina están muy cerca”, según señalaron a Ámbito fuentes cercanas a la negociación.

De los tres clubes de fondos de inversión que agrupan a los acreedores de la deuda argentina, “las posiciones se han arrimado mucho con dos de ellos”, sostienen fuentes de Nueva York.

La posición más dura la mantiene el grupo Ad Hoc. En este club participa BlackRock – el fondo de inversión más grande del mundo- pero los menos dispuestos a hacer concesiones serían Ashmore y Fidelity, según se comenta.

Este club junto con el Grupo de tenedores de bonos de Cambio (Exchange) dieron a conocer este viernes una declaración con sabor agridulce. En un comunicado, por un lado, se manifiesta la “decepción con la decisión de Argentina de terminar el diálogo con sus acreedores en lo que es claramente una coyuntura crítica”.

Pero al mismo tiempo sostiene que “la decisión de Argentina hace dos días de alejarse de la mesa de negociaciones es aún más desafortunada dado lo cerca que estamos de una resolución, para lo cual seguimos dispuestos a participar de manera constructiva”. Dicho de otra forma, no sólo ratifican la vocación negociadora, sino que reconocen que el acuerdo está al alcance de la mano.

El Gobierno argentino también reconoció progresos al señalar que “la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los recuperos”.

En este contexto es que se decidió extender hasta el próximo 24 de julio la vigencia de la oferta a los acreedores “para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”.

Tensión

Las negociaciones del país con los acreedores externos atraviesan por un momento de tensión. Tras un acercamiento entre las ofertas iniciales, en el que cedieron posiciones tanto los bonistas como del Gobierno, ahora ambas partes parecen haberse “plantado” en sus últimas propuestas.

Hasta fines de la semana pasada la opinión predominante en los mercados era que la negociación se encontraba encaminada. Por esta razón es que las negociaciones se prorrogaron sólo una semana (del 12 al 19 de junio).

Sin embargo, en los últimos días volvieron a presentarse rispideces, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación. Las acusaciones son mutuas: por el lado del Ministerio de Economía, se acusa de desmedidos a los acreedores, y por el lado de los bonistas volvieron las viejas críticas a las dificultades para dialogar con el titular de la cartera, Martín Guzmán.

Cabe señalar que el titular del Palacio de Hacienda viene ganando espacio dentro del elenco de gobierno, según se dice en medios de la Presidencia. Comentan que la opinión de Guzmán pesa cada vez más en las decisiones del primer mandatario, y no sólo en lo concerniente a la negociación externa.

Esto llevo a que los bonistas se sintieran que no tenían manera de poder hablar con alguien que los “entienda” o, como suelen decir, “que hable el idioma de Wall Street”.

El mal diálogo con Guzmán llevó a que algunos bonistas volvieran a recurrir al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa para trasmitir su preocupación por no poder avanzar en la negociación. El mensaje llegó a Olivos y fue el propio Alberto Fernández quien habló con alguno de los acreedores.

Massa aclara todo el tiempo que el negociador es Martín Guzmán, pero, a diferencia de hace más de un mes atrás, ahora Alberto Fernández está dispuesto a escuchar los mensajes que vía el diputado le hagan llegar eventualmente los acreedores. Cabe señalar que, en todo momento, el presidente señaló su vocación de llegar a un acuerdo, aunque no “a cualquier costo”.

Fernández respaldó la propuesta del ministro Guzmán de no ofrecer más allá de 49,90 dólares por cada lámina de 100 (tomando una tasa de descuento de 10 por ciento) y un cupón atado a la evolución de las exportaciones, según se afirma en la Casa Rosada.

En tal sentido, habría tomado en cuenta no sólo las consideraciones de su ministro sino también la opinión del Fondo Monetario Internacional. Los técnicos del FMI señalaron en un paper técnico que el país no estaba en condiciones de ofrecer más de 50 dólares sin comprometer la sustentabilidad en el pago de la deuda externa.

Por su parte, los clubes de fondos que agrupan a los acreedores de la Argentina dieron a conocer comunicados en los que manifiestan que han hecho sacrificios importantes, resignando por encima del 40 por ciento del valor de los títulos y que no estaban dispuestos a otorgar más concesiones.

Insisten en demandar 53 a 55 dólares más un cupón vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno. En algunos casos la diferencia seria mayor: con el grupo más agresivo, Ad Hoc Argentina Bondholder la distancia llega a nueve dólares, ya que la propuesta argentina alcanzaría, con las últimas mejoras, a 53 dólares, contra 62 que demanda este grupo, según un estudio de la consultora Eco Go.

Antecedentes

Analistas del mercado señalan que existen además otras razones para explicar la dureza de los fondos. Un buen acuerdo para la Argentina establecería un antecedente en contra de los acreedores porque permitiría demandar un mejor tratamiento por parte de otras naciones con dificultades, como son los casos de Líbano o Ecuador.

Ad Hoc dio a conocer el miércoles pasado, un comunicado en el que advierte que “dado el fracaso de las negociaciones de los tenedores de bonos, nuestro Grupo ahora está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos en todo el mundo”.

Pero excluyendo las posiciones más duras, los analistas consideran que las diferencias entre la oferta del país y las demandas de los acreedores “son menores” y que “no debería ser tan difícil llegar a un acuerdo”.

Otros especulan con la posibilidad de acuerdos parciales, considerando que es más difícil –por las condiciones de emisión– alcanzar mayorías para canjear los bonos emitidos durante la gestión de Néstor Kirchner que los lanzados bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: Ámbito