Hoy comenzarán a correr los 33 días que cambiarán la historia de la economía argentina. El Gobierno presentará ante la Securities and Exchange Commission (SEC) durante esta jornada la oferta de reestructuración de la deuda argentina en vías de default, con lo que se iniciará la carrera para abrir las negociaciones y, eventualmente, cerrar un acuerdo por 68.000 millones de dólares de deuda.

Será un raid que terminará, indefectiblemente, el 22 de mayo, cuando se cumpla un mes de no haber pagado la liquidación del 22 de abril del Global 21, 26 y 46 por unos u$s503 millones; dinero que, por orden ya dada del presidente Alberto Fernández, no se concretará. Como todo título tiene unos 30 días más de plazo luego de su vencimiento para ser cubierto, Argentina tendrá entonces hasta el 21 de mayo para cubrir ese dinero. Un día después, entrará en default.

La intención oficial es que antes de esa fecha la negociación esté cubierta, que se haya logrado el porcentaje del 75 por ciento de aceptación, y que, finalmente, el país no entre en default. Y que, en consecuencia, no haya ya que liquidar los tres pagos del Global. Si no, la suerte estará echada y será decisión del Gobierno si en situación de default mantiene o no la oferta para que, con el tiempo, quien quiera la acepte.

Por cuestiones entendibles, no habrá viajes para realizar road show. La cuarentena mundial lo impiden. La novedad es que por ahora tampoco hay organizados encuentros virtuales vía Zoom, o similar, con los bonistas. Los diálogos que Martín Guzmán mantuvo en las últimas semanas con algunos acreedores con posiciones agresivas (á, Gramercy y Fidelity) provocaron que los encuentros institucionales con presentaciones abiertas a las preguntas y respuestas queden por esta semana archivadas.

Se recordaba en el ministerio de Economía que estos fondos reclamaban mejorar la oferta, pero además que Argentina exprese concretamente como piensa pagar los compromisos que figuran en la oferta. Dicho de otra manera, reclaman explicaciones sobre cuál sería el plan de ajuste fiscal para lograr el equilibrio sustentable en las cuentas públicas que garantice el pago de los compromisos desde 2024 (en el 2023 sólo habría que pagar unos 300 millones de dólares).

Para Alberto Fernández dar este tipo de explicaciones es intolerable. Sólo está dispuesto a trabajar con los acreedores un acuerdo sobre el plan de pagos que propone argentina. Pero nunca un plan económico. Y menos de ajuste fiscal. En consecuencia, los contactos con los titulares de los títulos públicos que Argentina debe negociar será responsabilidad de los bancos contratados para esta tarea: el Hsbc y el Bank of America. Las dos entidades ya tienen en agenda comenzar su trabajo desde el martes, convocando a los acreedores por grupos. Los contactos, siguiendo las normas de la cuarentena, serán también de manera virtual y bajo tutoriales preestablecidos. La gran esperanza desde Buenos Aires y en las oficinas de las dos entidades privadas negociadoras, es que la estrategia de acercar algunos bonistas en las primeras semanas que muestren un núcleo duro de aceptación (no menos de 30 por ciento en la primera semana). Será difícil. Se espera entonces el gesto de uno de los bonistas que más actitud amistosa mostró en las jornadas de dialogo anteriores a la presentación de la oferta. Será el turno que Templeton tome su decisión.