Tras la reunión de las autoridades de Coca Cola Femsa, la Secretaría de Trabajo y el sindicato Sutiaga se decidió dejar sin efecto la apertura del procedimiento preventivo de crisis, pero se acordó el despido de 32 trabajadores de la planta de Pompeya.[{adj:36966 alignright}]

Según Trabajo, se acordó disminuir el número de desvinculaciones que planteaba la empresa de 75 a 32, asegurando la totalidad de los derechos de los trabajadores afectados y el pago del 100 por ciento de las indemnizaciones correspondientes. Como consecuencia de este arreglo se canceló el pedido del Procedimiento Preventivo de Crisis solicitado.

Ante la fuerte caída en el consumo, la compañía de capitales mexicanos había anunciado la decisión de ingresar al régimen oficial para evitar cesantías. "Coca-Cola Femsa Argentina arribó a un acuerdo con el Sindicato (Sutiaga) para reducir el impacto de la reestructuración dando por concluido el procedimiento preventivo de crisis", señaló la compañía en un escueto comunicado.

Luego del pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis, la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano había declarado el estado de "alerta y movilización" a raíz del conflicto en Femsa.

La firma, de capitales mexicanos, es una de las cuatro embotelladoras que la multinacional tiene en el país y que tiene 600 de los 2.500 empleados en total.

La brusca caída en el consumo y el cambio de conducta de los consumidores, quienes ante la suba de precios optan por segundas marcas o dejar de tomar gaseosas, afectaron fuertemente los ingresos de la compañía.

El pedido de procedimiento preventivo de crisis es un régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. El ingreso a este sistema puede ser solicitado en casos en que se pueda afectar a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados; a más del 10 por ciento en firmas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento del personal en compañías de más de 1.000 operarios.