El Gobierno reglamentó el denominado Régimen de Iniciativa Privada. Aunque parta de la premisa de que el mercado es más eficiente al asignar recursos, la mayoría de las potenciales obras no son rentables para las empresas.
Los empresarios de la construcción no demostraron mayor entusiasmo en la propuesta de Régimen de Iniciativa Privada como mecanismo para impulsar la realización obras de infraestructura, tal cual pretende el Gobierno.
Según indicaron fuentes del sector, son muy pocos los proyectos que podrían ser rentables para explotación privada, por lo que suponen que el Gobierno debería dejar de lado el principio de que el mercado es el mejor mecanismo para asignar recursos si quiere resolver problemas, sobre todo en las provincias más alejadas del país.
Mediante el decreto 713/2024 publicado en el Boletín Oficial este lunes, el Gobierno reguló una nueva sección de La Ley de Bases que considera como un pilar fundamental para el desarrollo económico del país.
La norma establece que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada. Los proyectos podrán llegar hasta el Palacio de Hacienda por pedido del Gobierno o por presentación de empresas que tendrán que justificar el interés público del la iniciativa.
A su vez, la autoridad de aplicación tendrá que elaborar y administrar una base de proyectos. Una empresa promotora que considera presentar una iniciativa tendrá que someterse igualmente a un llamado a licitación para concursar con otras firmas. Podrá integrar solo un consorcio.
Entre otros requisitos, el Gobierno le pide a las empresas promotoras que contraten un seguro por el 0,5 por ciento del valor de la obras a modo de garantía para que éstas se presenten al llamado a licitación pública. Si no lo hacen, se ejecuta la póliza.
Las similitudes con el PPP de Macri
El esquema es similar al Programa de Participación Público Privada (PPP) que trató de impulsar el gobierno de Mauricio Macri, que no funcionó, entre otras cuestiones, por la propia inestabilidad económica de la Argentina. Ese esquema tenía similitudes con iniciativas que hubo en Chile y en el Reino Unido.
Fuentes empresarias expresaron a Ámbito sus dudas respecto de la idea del Gobierno, porque consideran que solo algunas obras de infraestructura pueden ser rentables para una empresa privada. Se trata de aquellas que se encuentran cerca de los grandes centros urbanos.
Sería el caso de una ruta o autopista de alto tránsito, obra que la empresa constructora luego puede administrar cobrando peaje. No es el caso de una ruta alejada en una provincia de bajo nivel de uso.
Lo que ha trascendido en las últimas semanas, según indican fuentes del sector privado, es que Vialidad Nacional trataría de iniciar unas 120 obras en todo el país. “Cada una de ellas es de un valor de 2.000 millones de pesos, por lo que se necesitarían al menos unos 240.000 millones de pesos”, explicó un empresario.
Es muy complicado para una empresa argentina avanzar en el financiamiento propio de ese tipo. Se podría decir que resultaría imposible.
Son los mismos problemas que tuvieron en 2018 cuando la inflación del gobierno de Macri se desmadró y entonces, aquellos consorcios que habían ganado licitaciones, no pudieron afrontar los costos del incremento de la tasa de interés y las pólizas de seguro. Actualmente, una sobretasa de al menos 15 puntos que marca el riesgo país de Argentina, implica que el financiamiento está cerrado.