Entre las ocho medidas que contempla el nuevo paquete fiscal, el Gobierno incluyó una fuerte rebaja en Bienes Personales. Los cambios prevén una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto, una disminución en las alícuotas y además se da la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, una iniciativa con la que se busca anticipar el ingreso de recaudación y así cumplir el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario en 2024.
Según el proyecto enviado por el Ejecutivo a gobernadores y legisladores, el mínimo no imponible subirá de 11 a 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de 56 a 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Pero además estos importes no se desactualizarán porque se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC.
Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5 por ciento, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25 por ciento en el 2027, por debajo del 0,75 por ciento previsto en el proyecto de diciembre y de los mínimos en años previos.
Desde su creación en 1991, el impuesto fue prorrogado por nueve períodos y la última vez hasta el año 2027. En general, las alícuotas se mantuvieron entre el 0,5 por ciento y 1,25 por ciento hasta que la gestión de Alberto Fernández lo elevó al 2,25 por ciento para bienes del exterior, lo que hizo que su recaudación sea equivalente al 0,76 por ciento del PBI en 2020, mientras que la recaudación promedio previa no superaba el 0,3 por ciento del PBI, según el estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.
En tercer lugar, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de 5 años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45 por ciento por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25 por ciento del excedente hasta 2028. En el caso de los contribuyentes que ingresen bienes al "blanqueo", la tasa será del 0,5 por ciento. Así, los primeros pagarán 2,25 por ciento por los cinco años y los segundos, 2 por ciento por cuatro años.
El anticipo no requerirá presentar declaraciones juradas y habilitará la estabilidad fiscal hasta 2038 de Bienes Personales y de todo otro tributo nacional que grave cualquier activo. No obstante, "dado que esta reforma se establece por ley, nada quita que en el futuro el Congreso decida derogarla e incremente la carga en el impuesto patrimonial, como sucedió con Alberto Fernández", señaló Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding.
Por otra parte, los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones entre el 2020 y 2022 y no adhieran al "blanqueo", tendrán una reducción por 5 años (2023 al 2027) del 0,25 por ciento en la alícuota.
La rebaja en Bienes Personales va de la mano del "blanqueo" previsto en el paquete fiscal, que contempla el pago de una alícuota del 0 por ciento del impuesto especial para quienes regularicen más de US$ 100.000 y los dejen en el sistema financiero. Al igual que Mauricio Macri, la reforma del impuesto de Javier Milei apunta a incentivar la repatriación de capitales que evadieron impuestos para así aliviar las reservas y mejorar la recaudación.
Por la recesión, la recaudación del primer trimestre fue la más baja en una década. Para lograr el superavit fiscal, el Gobierno ajustó fuertemente el gasto y ahora busca subir impuestos (Ganancias y Monotributo) y recomponer recursos (Moratoria, Bienes Personales y Blanqueo). "Buscan primero tener un volumen de ingresos que hoy no tienen, fijate la moratoria y con Bienes Personales, también", dijo Martín Caranta, socio de Lisicki Litvin & Asociados.
Así, según el especialista, los cambios en Bienes Personales apuntan a: 1) generar dinero hoy con el anticipo de pagos, 2) hacer más atractivo el blanqueo con una rebaja del impuesto, o que este no sea un obstáculo, y 3) evitar que los futuros contribuyentes se vean tentados a irse a otra juridificación, con la reducción de las alícuotas. De conjunto, las medidas fiscales podrían aportar 1 por ciento del PBI, lo que equivale a unos US$ 5.000 millones.