El decreto del presidente Jair Bolsonaro que dos semanas atrás flexibilizó el porte de armas de fuego enfrenta cada vez más críticas y contestaciones de la Justicia, del Congreso y de los gobernadores estatales, sobre todo luego de que se reveló que la medida posibilitará que ciudadanos comunes compren fusiles de asalto como los que son utilizados comúnmente en las masacres escolares en Estados Unidos.

Firmado por el mandatario el 7 de mayo, el decreto permite que armas antes restringidas a policías y militares -como el rifle de combate T4, fabricado en Brasil por la empresa Taurus- ahora sean compradas y usadas por civiles que cumplan con los requisitos legales. La resolución mantiene las condiciones establecidas en el Estatuto de Desarme (2003), que prevé que el interesado presente un certificado de ausencia de antecedentes penales, comprobantes de aptitud técnica y capacidad psicológica y un justificante de "efectiva necesidad" para el porte debido a su actividad profesional de riesgo a por amenaza a su integridad física. Pero amplió el número de categorías que ya tendrían esa "efectiva necesidad" para incluir a políticos con cargos electivos, abogados, residentes de áreas rurales, camioneros y hasta periodistas que cubran casos policiales.

La medida también aumentó la cantidad de municiones que puede ser adquirida por año, autorizó que menores de edad practiquen tiro deportivo sin necesidad de un aval judicial, y abrió el mercado nacional para la importación de armas.

Ya la semana pasada, el ministerio Público Federal interpuso una acción ante la Justicia para suspender integralmente el decreto de Bolsonaro por considerar que excede su naturaleza reglamentaria y pone en riesgo la seguridad pública de todos los brasileños. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado emitieron dictámenes sobre el tema y apuntaron que el presidente habría extrapolado sus poderes al alterar una ley federal, que solo podría ser modificada por el Congreso.

Por su parte, la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber solicitó al presidente y a su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que presenten hasta mañana explicaciones sobre el decreto, que podría ser declarado inconstitucional. Y hoy, gobernadores de 14 estados y del Distrito Federal enviaron una carta al andatario en la que pidieron su "inmediata revocación".

"Juzgamos que las medidas previstas no contribuirán a hacer más seguros nuestros estados. Al contrario, tendrán un impacto negativo en la violencia, aumentando la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a criminales y los riesgos de que discusiones y peleas entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias", resaltó el documento dirigido al Palacio del Planalto.

Denuncia de Amnistía

En tanto, la organización no gubernamental Amnistía Internacional apuntó que el decreto atenta contra las garantías del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

"Estamos preocupados por esta ampliación indiscriminada que puede significar mayor vulnerabilidad para determinados grupos y poblaciones. No creemos que se resolverá el problema de seguridad pública con más armas. Al contrario, estudios muestras que cuanto más armas haya, más muertes habrá", afirmó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía en Brasil.

Desde la campaña electoral del año pasado, Bolsonaro impulsa una política de liberalización de las armas de fuego como derecho de los brasileños a autodefenderse y también para reducir la criminalidad en el país.

Anoche, en el noticiero Jornal Nacional, de la cadena televisiva Globo, expertos en violencia resaltaron que el nuevo decreto pondría a disposición de ciudadanos comunes fusiles de asalto como el T4, similar a los que han sido utilizados numerosas veces en casos de matanzas en escuelas de Estados Unidos.

"Es un tipo de armamento totalmente separado de cualquier argumento posible sobre legítima defensa porque es un arma de mayor impacto, que puede traspasar el cuerpo de una persona y pasar por otra, atravesar un muro de albañilería. Es completamente disparatado", señaló Felippe Angelini, consultor de la organización no gubernamental Sou da Paz.

A diferencia de Estados Unidos, donde se han vuelto un fenómeno tristemente frecuente, en Brasil los tiroteos en escuelas han sido muy pocos: ocho desde 2002. En la mitad de los casos, los tiradores adquirieron las armas ilegalmente o las compraron de personas que tenían derecho a poseerlas; en la otra mitad, fueron tomadas de sus casas, muchas veces robadas a sus padres policías.

La matanza escolar más reciente ocurrió en marzo de este año, en Suzano, área metropolitana de San Pablo, donde murieron diez personas incluyendo los dos asesinos, que ingresaron al colegio con revólveres y hachas. El peor caso sucedió en 2011 en Realengo, suburbio de Río de Janeiro, que dejó 13 muertos incluido el atacante, armado con dos revólveres. Los especialistas sostienen que si los agresores hubieran tenido fusiles de asalto, las masacres hubieran dejado muchas más víctimas fatales.

Fuente: LN