El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, planea enviar al Congreso Nacional una "medida provisional" para posibilitar pasar el "peine fino" sobre los beneficios otorgados por el Inss (Instituto Nacional de Seguro Social).
Según informó el diario Folha de San Pablo, el proyecto será presentado junto a la propuesta que moderniza la legislación previsional.
La idea es que se genere un ahorro de 2400 millones de dólares en un año. El valor corresponde al 4,2 por ciento del déficit previsto para todo el régimen de Previsión Social para un año, que es de 60.000 millones de dólares.
La medida establece el pago de un bono de 57,50 reales (15,5 dólares) a técnicos y analistas que identifiquen irregularidades en jubilaciones y pensiones, con un costo de u$s 15 millones. Se intentará mejorar la organización del Inss, corregir distorsiones legales y cohibir fraudes mientras se finaliza una propuesta más amplia de reforma previsional.
La evaluación alcanzará fundamentalmente a las pensiones por muerte, las jubilaciones rurales y las pensiones no contributivas.
En el caso de concesión de pensión por muerte, por ejemplo, se pondrá la lupa en verificar que las personas hayan estado formalmente casadas. El gobierno entiende que la regla actual, que permite la comprobación de unión estable sólo con presentación de testigos, abre brechas para simulaciones y fraudes.
Para la jubilación rural, el decreto sustituirá la declaración hecha por el sindicato rural por la declaración del propio beneficiado. Para el gobierno Bolsonaro, el reconocimiento de derechos por medio del sistema sindical es un lastre inadecuado que mezcla al Estado y otras entidades.
El modelo es el mismo que fue utilizado por Temer en el caso de las ayudas por enfermedad y jubilaciones por invalidez de hace dos años. Hasta diciembre de 2018, casi 1,2 millones de pericias realizadas por médicos fueron realizadas sobre beneficiados por discapacidad, de los que se revocó el beneficio a 651.000 asegurados. De esta forma se ahorraron 3700 millones de dólares .
El "peine fino" se profundizará en todos los rubros, incluso en la revisión de juicios previsionales. La expectativa de la gestión Bolsonaro es que la conclusión de procesos con sospechas de irregularidades resulte en un ahorro mensual de 50 millones de dólares, lo que podría ampliarse ante la perspectiva de lograr la devolución de lo que se cobró indebidamente.
La norma tomará como sospechosos los beneficios con indicios de acumulación indebida, es decir cuando se mantengan varios beneficios en paralelo o se sospeche la muerte del beneficiario.
Actualmente los beneficiarios por el régimen de previsión social en Brasil son alrededor de 35 millones de personas, y un 66 por ciento -es decir 23 millones- cobran el mínimo.
Algo menos de 11 millones se jubilaron por haber llegado a la edad y otros 8 millones reciben la pensión por viudez. Además, como el sistema brasileño permite la jubilación luego de haber legado al tiempo necesario de aportes, hay casi 8 millones de personas que cobran sin tener la edad mínima. El resto se divide en beneficiarios por discapacidad (3,5 millones), asistencia social (4,8 millones) y otros (1,8 millones).