El juez De Moraes, el mismo que ordenó la detención del secretario de Seguridad del Distrito Federal y exministro de Justicia de Bolsonaro, aceptó la petición de la Fiscalía de incluir en el caso al exmandatario, Jair Bolsonaro, que está en EE UU y perdió la inmunidad el pasado 1 de enero.
El Tribunal Supremo de Brasil autorizó la tarde de este viernes investigar al expresidente Jair Bolsonaro por el asalto en Brasilia.
El magistrado que lidera la vía judicial del ataque a los tres poderes del pasado domingo, Alexandre de Moraes, el mismo que ordenó el arresto del secretario de Seguridad de Brasilia y exministro de Bolsonaro, tardó tres horas en aceptar la solicitud de la Fiscalía General de incluir en el caso al exmandatario. La petición se basa en que el político ultraderechista publicó este martes, dos días después de la invasión protagonizada por miles de sus seguidores, un vídeo en redes sociales que eliminó después. En el clip, un fiscal bolsonarista ponía en duda el resultado de las últimas elecciones, que Bolsonaro perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente desde hace 13 días.
El Ministerio Público sostiene que, aunque la difusión fuera posterior a los actos de vandalismo, “no se niega la existencia de una conexión probatoria entre los hechos contenidos” en el vídeo “y el objeto de esta investigación, que tiene un alcance más amplio. Por ello, se justifica la investigación global de los hechos realizados antes y después del 8 de enero de 2023 por el referido”, explica en su decisión el número dos del organismo, Carlos Frederico Santos.
El expresidente de extrema derecha, que se encuentra en Estados Unidos, perdió la inmunidad el pasado 1 de enero. Durante como tres décadas la tuvo en su condición de diputado y después de presidente. Se estrecha así el cerco judicial en torno a Bolsonaro, que salió de Brasil dos días antes del solemne relevo de poder rumbo a Florida. Allí estaba cuando miles de sus seguidores, convencidos falsamente de que los tribunales y las autoridades electorales le han robado la elección a su líder, invadieron por la fuerza las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo. Muchos de ellos llevaban dos meses acampados ante cuarteles del Ejército en Brasilia y repartidos por todo el país reclamando a los militares que intervinieran para impedir que Lula iniciara el mandato otorgado por el electorado en las urnas.
La solicitud lleva la firma del número dos porque el titular de la Fiscalía General, nombrado por Bolsonaro, no ha querido hacerlo, informa Folha de S. Paulo.
Las investigaciones sobre lo sucedido en la plaza de los Tres Poderes han llevado ya a la cárcel a más de 1.200 personas entre los detenidos in fraganti y en el campamento golpista. El juez del Supremo De Moraes ha ordenado también el arresto de Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro y que, con el fin del mandato, cambió de puesto para ser secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Por tanto, era el jefe político de los cuerpos policiales acusados de connivencia con los golpistas. Torres está también en Florida y la policía brasileña encontró este jueves en su casa un borrador de decreto para que Bolsonaro interviniera el Tribunal Superior Electoral para revertir el resultado de las elecciones celebradas en octubre.