Hace cinco años, la comunidad maya de Guatemala, uno de los tres pueblos indígenas reconocidos por el censo de ese país, tuvo un hito: el dictador Efraín Ríos Montt fue condenadopor genocidio debido a las matanzas de los ixiles durante la guerra civil. Sin embargo, la sentencia fue revertida y Ríos Montt falleció antes de que concluyera un nuevo juicio.

 

La determinación del sistema judicial parece muy diferente cuando se trata de miembros de las comunidades indígenas: esta semana se anunció que el caso contra el activista Abelino Chuub Caal, maya q’eqchii detenido desde febrero de 2017 después de coordinar protestas contra proyectos de explotación minera de níquel, avanzará a juicio pese a que él y quienes lo respaldan consideran que las acusaciones de usurpación agravada, asociación ilícita y más delitos son fabricadas y no hay evidencia contra Chuub.

 

Para la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien visitó Guatemala durante diez días y se reunió con Chuub durante ese viaje oficial, este caso es una muestra de lo desigual que es la situación de acceso a la justicia y los derechos para las comunidades indígenas en Guatemala, a pesar de que representan al menos el 42 por ciento de la población (los datos no oficiales indican que ese porcentaje en realidad ronda el 60 por ciento).

 

“Hay racismo y discriminación estructurales que aún imperan en temas de educación, salud, acceso a justicia, y el poder está muy concentrado, tanto en términos económicos como políticos, en manos ladinas”, dijo Tauli-Corpuz, en referencia al término utilizado en Centroamérica para personas no indígenas. Y el caso de Chuub “es apenas la punta del iceberg: debajo del agua hay miles de personas indígenas siendo criminalizadas”, añadió.

 

Tauli-Corpuz, del pueblo kankana-ey igorot, está íntimamente familiarizada con esa criminalización que acusa: tras su defensa de comunidades indígenas en su Filipinas natal fue incluida en una lista de presuntos delincuentes por el gobierno de Rodrigo Duterte y no ha podido regresar a casa.

 

Antes de la presentación de su informe, Tauli-Corpuz habló con The New York Times en Español sobre lo que halló en su visita a Guatemala. (La conversación ha sido ligeramente editada y resumida).

 

¿Qué vio durante esta visita?

 

La situación para las personas indígenas aquí de verdad es muy mala, muy muy preocupante, porque hay tantos temas pendientes… Desde 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, que incluyen uno para el reconocimiento de los derechos a la identidad y culturas indígenas, en realidad solo se ha implementado el 20 por ciento de lo previsto para estas comunidades.

 

No se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran desplazados por intereses de empresas globales. Es una situación muy preocupante también en términos de la pobreza; la tasa para estas comunidades está entre el 70 y el 90 por ciento. Algunos integrantes de estos pueblos son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos.

 

¿Cuál considera que es la vulnerabilidad más apremiante?

 

Creo que estas violaciones burdas de sus derechos a sus tierras y el tema del acceso desigual a la justicia, que promueve que esas violaciones continúen. Y eso sin mencionar la pobreza o la malnutrición crónica, que son altísimas.

 

Sin embargo, no hay leyes que los acompañen para atender esto o remediarlo. O los programas: cuando los hay, son inadecuados.

 

¿En qué sentido?

 

Estando aquí me reuní con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tiene a un defensor de pueblos indígenas, y también con la Comisión Presidencial de Diálogo y con la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, cuyos integrantes incluyen a personas indígenas. También con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la corte suprema. Entonces no es que no existan las instituciones —aunque varias son muy recientes—, sino que sus mismos integrantes me dicen que no tienen ni el financiamiento ni el personal suficientes.

 

Justamente el año pasado se pospuso la discusión de una reforma constitucional para reconocer la justicia de usos y costumbres. ¿Qué impresión tiene de la situación de acceso a la justicia, sobre todo ante los distintos casos de corrupción en el país?

 

Ese es otro problema inmenso. Muchas personas indígenas no hablan español y eso les dificulta aún más presentar casos o denuncias, encima de que es algo muy complicado porque hay pocos tribunales accesibles desde áreas rurales. Además, los jueces y procuradores no entienden muchas cuestiones de la justicia indígena, por lo que incluso llegan a criminalizar a quienes la aplican.

 

Hay casos pendientes incluso de personas desplazadas durante la guerra civil que no han podido regresar a sus territorios. Hablé con sobrevivientes de los genocidios y todavía padecen esto. Y la corrupción y la impunidad, en conjunto, también afectan directamente a las personas indígenas, porque han permitido que los jueces avalen cargos penales contra quienes protestan o que den visto bueno a las órdenes de expulsión forzada de sus tierras.

 

¿No vio algún cambio sustancial en comparación con las visitas previas de otros relatores?

 

Eso es lo más desafortunado. Cuando [Rodolfo]Stavenhagen visitó en 2001, citó las mismas estadísticas y la misma realidad en cuanto a pobreza extrema, discriminación, la expulsión de tierras y la falta de un régimen legal para proteger a estas personas. ¡Esas fueron conclusiones de 2001! Luego [James]Anaya también visitó, sobre todo lugares donde ahora hay minas, y mencionó lo mismo. ¡Sigue siendo el caso!

 

Algunas personas con las que hablé mencionaron en esta tercera visita que la situación no solo se ha mantenido igual, sino que ha empeorado, sobre todo porque consideran que las políticas contra este despojo de tierras indígenas son muy débiles.

 

¿Cómo cree que esta situación se compara con la de otros países de América Latina y del mundo?

 

En Guatemala siento que es particularmente terrible la situación porque los indígenas son la mayoría de la población y aun así enfrentan todos estos problemas. Por ejemplo, en otros países que he visitado, como Brasil, la población indígena es minoritaria, entonces aunque esas personas sufren los mismos problemas es a una escala algo menor; además, sí hay leyes constitucionales que las protegen. Mientras que en Guatemala es población mayoritaria y no hay realmente leyes que reconozcan de manera íntegra sus derechos.

 

Realmente deberían tener estos derechos que les corresponden y deberían estar en un plano más equitativo, pero no lo están. Creo que eso es lo que más me sorprendió de Guatemala. No digo que sea el peor caso; hay situaciones de tenencia de tierras peores en otros países. Pero en Brasil, por ejemplo, por lo menos hay recursos más claros.

 

A su consideración, ¿qué ha hecho el gobierno, además de invitarla a realizar esta visita?

 

Le agradezco al gobierno que me haya extendido la invitación, porque eso me permite ver más de cerca los temas pendientes para estas personas. Sin embargo, lo que vi es de suma preocupación.

 

La principal razón es que no hay una voluntad política para proteger los derechos y reconocer estos derechos de tenencia de las tierras y de sus recursos; la mayoría de las personas en el poder son ladinos y no tienen interés en velar por esos temas. Además los terratenientes son tan poderosos que incluso ignoran o hacen de lado medidas impulsadas desde el poder judicial.

 

Hay un caso contra una hidroeléctrica en Alta Verapaz que llegó a la Corte de Constitucionalidad. Esta declaró que, como no se consultó a las comunidades, como debe suceder, debía suspenderse la licencia de operar. Se supone que el gobierno establecería una medida para la compensación, pero no se ha hecho absolutamente nada y los jueces terminaron echando atrás la suspensión.

 

¿Qué espera que se haga al respecto, ahora que presente su informe?

 

Sin duda el gobierno tiene que hacer una revisión de cómo ha implementado los acuerdos de paz y hacer un mejor esfuerzo. Recomendaría y exhortaría al gobierno a respetar más las intenciones de los acuerdos, que deben realmente implementarse y de manera efectiva, con un fortalecimiento de las instituciones creadas a partir de lo estipulado.

 

Otra recomendación es trabajar para ponerle fin a las expulsiones y a la criminalización de personas indígenas. Asegurarse de que sean consultadas como es debido y que se obtenga su consentimiento antes de avalar proyectos en sus comunidades, ya sean mineros o de plantas hidroeléctricas o de cultivo de aceite de palma. Como mínimo debe hacer negociaciones previas de buena fe. Y en los casos donde no ha habido estas consultas, las personas merecen justicia a cambio.

 

Guatemala ha estado a la delantera en términos de reconocer los derechos indígenas a nivel internacional; impulsó incluso la creación de la relatoría que encabezo. El problema es que la implementación de esos temas a nivel doméstico es paupérrima.

 

Por Marina Franco para The New York Times.-