ETA, el grupo separatista vasco, anunció su disolución formal en una carta publicada este miércoles, con lo que se cierra un capítulo de la historia al terminar la campaña terrorista más longeva de la Europa moderna, que dejó más de 800 muertos en España.

Se esperaba que los militantes de ETA dieran un anuncio formal esta semana después de seis décadas de resistencia violenta al gobierno español, que no rindió frutos.

Medios españoles reportaron que en una carta dirigida a organizaciones y oficiales, con fecha del 16 de abril, el grupo escribió: “ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política”.

Aunque añadió que el conflicto vasco con España y, en menor medida, con Francia, “no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA”.

El anuncio formaliza lo que ha quedado evidenciado desde hace años: ETA ya no tiene fuerzas, dado que sus filas han quedado diezmadas por varios arrestos y su popularidad ha decaído en la región vasca.

Fundado en 1959, el grupo –su nombre formal es Euskadi Ta Askatasuna, en español: País Vasco y Libertad– comenzó como un movimiento independentista de izquierda, encabezado por estudiantes, durante la dictadura de Francisco Franco.

Su oposición al franquismo, que reprimía a los opositores y buscó vetar las culturas e idiomas de minorías, derivó en la violencia. Los métodos en un inicio fueron respaldados por muchos de los disidentes franquistas. Pero ETA siguió dependiendo del terrorismo tras la muerte de Franco, el retorno a la democracia en España y pese a que el gobierno central otorgó una autonomía considerable tanto al País Vasco como a otras regiones.

El uso de la violencia terminó por asegurar que: “El proyecto secesionista vasco no tendrá ningún progreso sustancial hasta que el legado de las muertes y pérdidas económicas sea un recuerdo lejano”, dijo Diego Muro, catedrático español de relaciones internacionales en el Centro Handa para el Estudio del Terrorismo y la Violencia Política, en la Universidad de St. Andrews, en Escocia.

Dijo que la disolución del grupo “trae el fin de una ola etnonacionalista de terrorismo que empezó con la violencia anticolonialista en la segunda mitad del siglo XX”.

En su carta, ETA escribió que “la falta de voluntad para solucionar el conflicto” terminó por alargarlo “y ha multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes”. En la misiva, el grupo reconoció que parte de la culpa es “consecuencia de su lucha”.

En junio de 1968, dos militantes de ETA mataron a un policía que los detuvo para revisar sus documentos e inspeccionar el auto; esa se considera la primera muerte atribuida al grupo. Dos meses después, el grupo llevó a cabo su primer asesinato planeado al emboscar a un inspector de policía, Melitón Manzanas (quien se sospechaba torturaba a comunistas opositores a Franco), afuera de su hogar en Irún, en la frontera con Francia.

En 1973, ETA golpeó la cúpula del gobierno franquista con el asesinato del primer ministro Luis Carrero Blanco; fue con una bomba tan poderosa que la limosina blindada voló por encima de un edificio. El asesinato dejó sin un sucesor obvio a Franco, quien solo vivió dos años más.

Con la transición hacia la democracia tras la muerte del dictador, una ley de 1977 otorgó amnistía por los delitos cometidos durante la guerra civil de los treinta y durante el franquismo. España también inició un proceso de descentralización política que significó que cada región tendría su parlamento y poder sobre temas como educación y salud. La región vasca y la zona vecina de Navarra también obtuvieron poderes para la recolección hacendaria.

Pero ETA rechazó esas concesiones políticas y reforzó su campaña, con la demanda de un Estado independiente que llamó Euskal Herria. El grupo veía la posibilidad de establecer una nación que fuera más allá de las fronteras actuales de la región vasca en España para incluir Navarra y la zona vasca del suroeste francés.

En 1980, el año más sangriento del grupo, este asesinó a casi cien personas en ataques que cobraban cada vez más víctimas civiles. En 1987 una bomba de ETA mató a veintiuna personas en un supermercado en Barcelona, el ataque más mortífero del grupo.

Para entonces cada acción de ETA era duramente criticada en el país. Seis millones de personas salieron a las calles en julio de 1997 para protestar contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un político conservador local que fue secuestrado y asesinado por ETA.

A finales de los años ochenta, ETA anunció varios ceses al fuego y en ocasiones sostuvo diálogos con el gobierno español, primero con José María Aznar, del Partido Popular, y después con José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español. Estas negociaciones y los altos al fuego fueron rotos; el gobierno, a su vez, prohibió que políticos aparentemente vinculados a ETA pudieran postularse en elecciones.

La violencia terminó después de los arrestos de muchos líderes y operativos del grupo. La última vez que ETA mató a alguien en territorio español fue en 2009, y su última víctima fue un policía francés asesinado en 2010 durante un robo frustrado en París.

El grupo anunció un nuevo cese al fuego en octubre de 2011, el cual se mantuvo. El año pasado ofreció desarmarse y dio a conocer las ubicaciones de sus escondites de armas.

Mientras el gobierno español batallaba con otro movimiento independentista —el catalán—, las autoridades españolas, en cooperación con las francesas y otras, siguieron arrestando a integrantes de ETA y continuaron confiscando los armamentos escondidos. Los expertos en seguridad dicen que el grupo está desarticulado a tal punto que ya no puede realizar operativos.

Desde el cese de 2011, el gobierno conservador de Mariano Rajoy ha rechazado tentativas internacionales de mediación, al dar a entender que no quiere alcanzar un acuerdo como el que puso fin a las hostilidades en Irlanda del Norte entre el Ejército Republicano Irlandés y el gobierno británico. El gobierno español teme que con un pacto así, de rendición negociada, los integrantes y simpatizantes de ETA pudieran obtener beneficios políticos.

En marzo, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, advirtió de que ETA no conseguiría concesión alguna a cambio de su disolución. Uno de los grandes temas pendientes era si el gobierno transferiría a integrantes detenidos de ETA, que están arrestados en varias partes de España, a cárceles en la región vasca.

“No habrá impunidad porque no puede ni debe haberla”, dijo Zoido. ETA “no ha conseguido sus objetivos ni los va a conseguir nunca” y por eso, agregó, “no han tenido otra opción que anunciar su disolución”.

Alfonso Alonso, el líder del gobernante Partido Popular en la región vasca, también desairó el anuncio formal. “No vamos a perdonar jamás”.

Por Raphael Minder para The New York Times