La jueza Loretta Preska determinó que la petrolera es "lo mismo" que el Estado nacional y el Banco Central de la República Argentina (Bcra), y solicitó información para corroborar su vínculo.

La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central como posibles "Alter Ego de la República Argentina" y ordenó al Gobierno nacional producir información de los últimos dos años para probar su relación.

Así lo aseguró Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y una de las personas que más en detalle siguió el litigio, en sus redes sociales. Esto tuvo lugar a partir de un pedido de Burford Capital.

Este es el primer paso que da la Justicia de los Estados Unidos para aplicar embargos. De confirmarse la vinculación, el Bcra debería responder en nombre del país ante un potencial embargo, en caso de ser dispuesto.

Los demandantes solicitaron información sobre las acciones de YPF expropiadas a Repsol y otras acciones de la petrolera en manos del Estado. También pidieron detalles sobre si ciertas entidades administradas por el Estado cumplen la condición de "alter ego" del país, incluyendo Aerolíneas Argentinas, Bcra, Arsat y Banco Nación, entre otras.

La lista de solicitudes incluyó información sobre cuentas en el exterior, activos, deudas y transacciones valuadas en US$1 millón o más; incluso el swap de monedas con China y las concesiones para la exploración de recursos naturales.

"Preska ya está cerca de perder la paciencia con la Argentina"
La jueza dejó de lado a las demás empresas y organismos, pero investigará sobre YPF y el Banco Central. Eventualmente, podría autorizar embargos sobre los bienes de ambos, desde acciones en Wall Street hasta reservas de la entidad monetaria, entre otros.

Los abogados de Argentina rechazaron la entrega de documentos porque consideran que son activos sensibles por cuestiones militares, diplomáticas o consulares y, como tales, aseguran que no son embargables.

El objetivo detrás del pedido de Burford es embargar activos locales ante la posibilidad de que el Estado no pague la sentencia del tribunal neoyorkino, que obliga al país a abonar US$16.100 millones por la nacionalización de YPF, realizada durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2012.

"En mi opinión, Preska ya está cerca de perder la paciencia con la Argentina", concluyó Maril en su cuenta de X (ex Twitter).