El Congreso de la República del Perú aprobó por insistencia una serie de cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre el pasado 14 de diciembre. Uno de ellos modifica las reglas de uso de tierras al crear “áreas de exclusión para fines agropecuarios”. Si bien estos cambios han tenido personas a favor y en contra, recientemente más de 70 organizaciones ambientalistas han alertado a la Unión Europa (UE) que esta disposición violaría parte del acuerdo comercial de Perú con el bloque económico vigente desde el 2013.
Esta modificación había sido criticada por el Poder Ejecutivo en agosto del 2022 porque desnaturalizaba el propósito original de la norma. “No constituye una legislación adecuada, no solo para la protección de la Amazonía, sino de todo el ecosistema nacional”, señaló el Gobierno peruano en su autógrafa observada.
Como se recuerda, la Unión Europea (UE) exigirá que los productos agrícolas que ingresen a sus países miembros cuenten con garantías de no provenir de zonas deforestadas o no reconocidas, lo que afectaría cultivos de exportación peruanos como el café. Esta regla entraría en vigencia a finales del 2024.
Flexibilización
Las organizaciones firmantes, entre las que figura la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), apuntan que los cambios planteados a la Ley Forestal van en contra del artículo 277 del trato comercial con la UE. Así lo indica también César Ipenza, abogado ambientalista que también firmó el documento, a Gestión.
Este lineamiento establece que “ninguna parte dejará de aplicar, ni dejará sin efecto de algún modo su legislación ambiental y laboral de forma tal que reduzca la protección otorgada en dichas leyes, para incentivar el comercio o la inversión”.
La única disposición complementaria final planteada por el Congreso permite que, mientras se trate de áreas donde se realizaron actividades agropecuarias previamente, no sea obligatorio contar con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (Ctcum).
Según Ipenza, saltado ese paso, se deja la puerta abierta para que personas jurídicas que deforestaron previamente la zona de operación, puedan obtener los permisos necesarios para seguir operando, a pesar del daño realizado.
“Se está reduciendo el estándar de protección de los bosques. Esa disposición beneficia a los grupos que han deforestado, pero no consiguen que les aprueben un estudio de impacto ambiental porque les falta la certificación. Ahora se les facilitaría el camino para obtener el permiso”, afirma.
Esta modificación fue observada en agosto del 2022 porque desnaturalizaba el propósito original de la norma. “No constituye una legislación adecuada, no solo para la protección de la Amazonía, sino de todo el ecosistema nacional”, señaló el Gobierno.
Del otro lado, el exministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, asegura a Gestión que el cambio servirá para ordenar la agricultura en la Amazonía, que hoy abarca dos millones de hectáreas.
“En total son 10 millones (de hectáreas deforestadas): en dos millones está la agricultura y ocho millones están sin uso porque están degradadas. En Perú solo el 16 por ciento de la agricultura está en lugares adecuados. De esos 2 millones, el 70 por ciento están en suelo forestal en la Amazonía. La discusión es sobre lo que ya se deforestó, no de nuevas áreas. (En nuevas áreas) sí se debe prohibir la titulación de bosque en pie”, refiere.
Benites agregó que: “Hay que hacerle caso a la realidad. El hecho es que ya no hay bosque (en esas zonas deforestadas). Hay que defender el bosque en pie, sí, no más deforestación. Pero, donde no hay bosque y hay agricultura, no la eches abajo. ¿De qué van a vivir? Un tema que yo agregaría es que nos hemos concentrado en la Amazonía, pero la norma vigente no solo afecta a esta zona, sino a todo el Perú. Ahora le tendrían que pedir, por ejemplo, a los que están en Olmos la clasificación de tierras por su uso mayor. ¿Si hubo bosque, ellos tendrían que salir?”.
La carta ya fue recepcionada por la UE, según Ipenza. En el documento los firmantes solicitan que la organización inicie una misión de investigación a Perú sobre los impactos de las normas que afectan el compromiso comercial.
Socio estratégico
Entre enero y octubre del 2023, la UE se ubica como el tercer socio comercial más relevante para Perú con una participación total sobre el intercambio en el periodo señalado de 9.7 por ciento, detrás de los gigantes China (31.3 por ciento) y Estados Unidos (17.3 por ciento), según los datos más recientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El principal producto de exportación peruano a la UE es el cobre (28 por ciento de participación en el año). El ‘top tres’ lo cierran dos bienes que provienen de la agricultura: la palta (8 por ciento) y el café (6 por ciento).
Este último sería especialmente afectado con las nuevas normas que entrarán en vigencia para el ingreso de productos agrícolas a la UE desde el próximo año. Al respecto, la Junta Nacional del Café (JNC) alertó que el 80 por ciento de los terrenos donde se cultivan café en Perú no tienen título de propiedad. Además, el 50 por ciento de los embarques de café peruano tiene como destino el continente europeo.
Entre enero y octubre de este año se han exportado 274 millones de dólares en café a la UE. Esta cantidad representa una caída de 48.5 por ciento respecto al mismo periodo del 2022, cuando ingresaron 532 millones de dólares del producto agrícola, de acuerdo con el Mincetur.
Para Ipenza, con los cambios planteados a la Ley Forestal el flujo comercial podría seguir cayendo. “Tendrá implicancias porque la UE nos pondrá en la lista roja. Ellos pueden monitorear con satélites dónde están los focos de deforestación. Con un formalismo no vulneramos la regulación europea”, afirma.
“Me parece terrible que los peruanos pongamos en riesgo el acuerdo comercial. Pero, si hay discrepancias internas, ahora que se ha planteado una reconsideración, debería buscarse un diálogo nacional”, plantea Benites.
Se votaría de nuevo
Como dice el exministro Benites, los cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre podrían ser nuevamente vistos en el pleno del Congreso. De acuerdo con el expediente de la norma, las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque han presentado una nueva reconsideración el último martes 19 de diciembre.
Este mismo pedido ya se había dado el 23 de marzo de este mismo año por los legisladores Nilza Chacón, entonces presidenta de la Comisión Agraria, y Elvis Vergara.
Ese mismo día el pleno había archivado la propuesta luego de que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología lo recomendara. Pero, el último jueves 14 de diciembre fue finalmente votado y aprobado por mayoría.
“Varios que habían votado en contra antes, ahora se manifestaron a favor. Eso llama la atención considerando que muchos congresistas estuvieron en la COP 28, donde escucharon de los efectos de la deforestación”, comenta Ipenza al respecto.
Benites recuerda que los vaivenes de esta norma no son exclusivos de este Congreso. “Es una discusión que viene desde los setenta. Se prohibía la agricultura forestal, pero el Estado podía titular terrenos con potencial agrario”, señala.
Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
Fuente: Gestión (Perú)