Luego de efectivizar la reestructuración las fuerzas de seguridad que trabajan en la residencia presidencial, que implicó la salida de cuarenta militares, este sábado Lula da Silva anunció la destitución del actual comandante del Ejército, Júlio César de Arruda.

Por el momento, y a menos de dos semanas del intento de Golpe de Estado en Brasil, es la autoridad con más alto rango que fue destituido. El relevamiento se anuncia un día antes del arribo del presidente brasileño a la Argentina, para participar de la Cumbre de la Celac.

Arruda había asumido el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin del gobierno de Jair Bolsonaro, y fue confirmado por la administración de Lula que asumió el 1 de enero. Será reemplazado por el comandante militar del sureste, Tomás Miguel Ribeiro Paiva. En un acto militar en Sao Paulo el último miércoles, Paiva sostuvo que los miembros del ejército "continuarán garantizando la democracia" y manifestó que la asunción presidencial "es el régimen del pueblo, de alternancia de poder. Es el voto. Y cuando votamos, tenemos que respetar el resultado de las urnas".

El 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil, miles de personas ingresaron violentamente y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia. Además de expresar su rechazo ante los resultados de la elección, los manifestantes demandaron la intervención de las fuerzas militares en el gobierno.

“Quien hizo esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”, sostuvo Lula Da Silva. Luego de los acontecimientos, se registraron 1.459 detenidos, entre los que se encontraban 45 candidatos a cargos públicos en la última década. La Corte Suprema de Brasil decretó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 140 de ellos.

Como parte de la reestructuración de las fuerzas de seguridad, el mandatario brasileño cesó esta semana a los 27 superintendentes regionales de la Policía Federal de Carreteras y a 18 de la Policía Federal. Además, este miércoles la Justicia Federal de Brasil ordenó bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado, incluido los colectivos que llevaron a los manifestantes hasta los edificios gubernamentales.

En un video publicado en redes sociales, Jair Bolsonaro se refirió a los acontecimientos: "Lamento lo que pasó el día 8, algo increíble, pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad". El ex ministro de Justicia de su administración, Anderson Torres, fue detenido este sábado en el aeropuerto internacional de Brasilia. Al ocupar el cargo de secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal, era el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron tomados.