Decenas de miles de mexicanos desafiaron al presidente en las calles en una manifestación contra el avance del “plan B” electoral, que acota las funciones del organismo que fiscaliza los comicios.

Decenas de miles de mexicanos protestaron este domingo contra las reformas electorales aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso, que según la oposición atentan contra la entidad encargada de organizar las elecciones presidenciales de 2024, en lo que fue la mayor movilización contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde su llegada al poder, en 2018.

Varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el llamado Frente Cívico Nacional convocaron a la manifestación en el Zócalo –principal plaza pública del país en Ciudad de México– y en otras urbes bajo el lema #MiVotoNoSeToca.

“¿A qué le tiene miedo? ¿A la ciudadanía? ¿A la democracia? ¿A elecciones libres y neutras?”, señaló en Twitter Claudio X. González, uno de los convocantes, sobre las medidas de seguridad en la plaza, en uno de cuyos flancos está el palacio donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La gente caminaba rápido para llegar al Zócalo. Los puestos callejeros veían de reojo cómo sus potenciales clientes pasaban por su lado sin siquiera detenerse a mirar. En el aire se respiraba un cierto aire de nerviosismo, prisa y urgencia. El antiguo Distrito Federal es una ciudad a la que las manifestaciones no le son extrañas; una urbe que ha forjado su personalidad en las calles y sabe que tomar las avenidas es la mejor manera de demostrar el músculo popular ante el mandatario de turno.

En esta protesta estuvieron todos esos elementos, todas las pequeñas piezas que conforman la idiosincrasia de las protestas sociales: hay banderas y pancartas, camisetas con consignas políticas y contingentes llegados desde todos los rincones del país en autobuses que descansaban en los alrededores del centro de la ciudad. Y, sin embargo, algo es diferente. El ambiente, la presencia, la gente, la cronología. “Está muy buena”, dice la editora de una importante revista mexicana que ha venido a cubrir la marcha.

El mandatario izquierdista estuvo este fin de semana de gira por el interior del país.

Los opositores rechazan modificaciones de leyes impulsadas por López Obrador y que fueron avaladas el miércoles pasado por el Legislativo, dominado por el oficialismo y sus aliados.

Según el autónomo Instituto Nacional Electoral (INE), esos cambios eliminan 85 por ciento de su personal de carrera y reducen la capacidad operativa del organismo, al que López Obrador acusa de ser oneroso y de haber tolerado fraudes en el pasado.

El INE asegura que las reformas disminuyen su estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales que tiene en todo el país y que son los órganos que preparan, organizan y celebran las elecciones. En cada estado habría ahora una oficina operada por una sola persona.

Con estos cambios se afecta la actualización y depuración del padrón electoral (conformado por unos 93 millones de votantes), apuntó el ente en un análisis del articulado de la norma. También desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, agrega.

Igualmente, la reforma acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña.

“Piezas claves del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano que ha permitido la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto pueden correr el riesgo de verse lesionadas”, subraya el instituto.

Balanza inclinada
Los opositores aseveran que con estos cambios se afecta la independencia del INE y se inclina la balanza a favor del gobierno de cara a los comicios presidenciales, previstos para mediados de 2024.

López Obrador descalificó la protesta al señalar que detrás está un grupo de “corruptos” que quiere volver al poder para seguir robando. El presidente, cuya popularidad ronda 60 por ciento, defiende la reforma al asegurar que la organización de las elecciones en México es onerosa.

El mandatario, sin opciones legales para buscar la reelección, insinuó que quienes asisten a la protesta defienden también a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), que acaba de ser declarado culpable en una corte de Nueva York por narcotráfico.

“Vienen a decir: ‘El INE no se toca’, pero también ‘García Luna no se toca’, y en el fondo es ‘el régimen corrupto y conservador no se toca’. Para eso es”, afirmó el gobernante. López Obrador denuncia que le “robaron” la presidencia en los comicios de 2006 y 2012.

Las modificaciones de las leyes electorales fueron avaladas luego de que en diciembre pasado fracasara una reforma constitucional en la que el oficialismo proponía eliminar al INE, al no alcanzar los votos necesarios.

Ese intento dio pie a una multitudinaria protesta el 13 de noviembre en la capital mexicana, a la que López Obrador respondió movilizando a decenas de miles de sus simpatizantes.

Tanto el INE como los partidos de oposición anunciaron que demandarán el llamado “plan B” del gobierno ante la Suprema Corte de Justicia.

Fue la concentración más numerosa de la oposición desde que comenzó el gobierno de López Obrador, en 2018, a pesar de que sus partidos políticos viven sus horas más bajas.

El presidente presume continuamente de contar con una asistencia multitudinaria cada vez que convoca un mitin en el Zócalo, por lo que también ha organizado una concentración para el próximo 18 de marzo en el mismo sitio en apoyo de su gobierno y con la conmemoración del 85° aniversario de la expropiación petrolera como telón de fondo.

En el orden internacional, López Obrador mantiene abierto un frente con el gobierno de Perú, que retiró a su embajador en México después de que el mandatario redoblara su apoyo a Pedro Castillo, detenido en Lima después del intento de autogolpe.