A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles a los 86 años en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.

Coincidentemente, Fujimori falleció exactamente el mismo día, tres años después, que el líder terrorista Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, que asoló Perú durante más de una década hasta que fue capturado durante el gobierno de Fujimori en 1992.

Su delicado estado de salud de los últimos días fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.

Otras fuentes de El Comercio indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que las consecuencias de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer de lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.

Las mismas fuentes señalaron que ya habían pedido a sus hijos a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.

Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó más temprano su “preocupación” por la salud de Fujimori e hizo “votos por su pronta recuperación”. “Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza”, agregó.

Fuentes cercanas al gobierno refirieron a El Comercio que, pese a las condenas que tuvo el expresidente, se “seguirán estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.

El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.

En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.

“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.

Después de la publicación de esta carta, la líder de Fuerza Popular adelantó que su padre sería el candidato presidencial de su partido en las elecciones generales de 2026.

“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino [...]Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko.

Un gobierno autoritario

Fujimori, apodado “El Chino”, nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa, un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el dos por ciento de intención de voto.

El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.

La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Ahí se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, exsecretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50 por ciento de los votos.

Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.

En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$ 7000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$ 500 millones en el Tesoro Público.

En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.

En septiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.

Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.

Cuatro condenas firmes
El exjefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.

Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el excomandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.

Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$ 15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario Expreso.

El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al exjefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.

En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.