A sólo cinco meses de las elecciones presidenciales de Nicaragua, la policía nacional detuvo a Miguel Mora, el quinto candidato que es encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega en las últimas semanas.

La detención de Mora -acusado de "realizar actos que menoscaban la independencia y la autodeterminación"- forma parte de una reciente escalada de represión contra opositores por parte de Ortega, quien espera reelegirse por cuarta vez consecutiva en las elecciones de noviembre.

La primera detención se produjo el pasado 2 de junio, pocos días después de que Cristiana Chamorro -una periodista influyente e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que le arrebató las elecciones a Ortega en 1990, y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, un crítico de Anastasio Somoza asesinado en 1978- anunciara su candidatura para noviembre. La mujer, que logró concentrar a gran parte de la oposición y era una de las preferidas para enfrentar a Ortega, está bajo arresto domiciliario.

Días más tarde, su primo y también candidato, Juan Sebastián Chamorro fue detenido, al igual que el exdiplomático Arturo Cruz y activista Félix Madariaga. La mayoría, excepto Cristiana Chamorro que está acusada de lavada de activos, fueron detenidos bajo los mismos cargos que Mora.

Mora también es el último en una larga lista de opositores presos, junto con el exministro de Educación Humberto Belli, Suyén Barahona, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y Támara Dávila, entre otros activistas, empresarios y dirigentes detenidos en las últimas semanas.

El gobierno de Ortega simplemente argumenta que está haciendo cumplir la ley, que le permite detener a quienes reciban financiación extranjera, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales contra los nicaragüenses.

El gobierno se ampara fundamentalmente en la ley 1055, aprobada por la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) en diciembre de 2020.

La controversial ley establece que "los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación", entre otros delitos, serán considerados traidores a la patria y no podrán competir en elecciones populares, más allá de las consecuencias penales que puedan recibir.

Ya en octubre del año pasado, la ley de Agentes Extranjeros había paralizado a buena parte de las ONG disidentes. La ley obliga a registrarse como "agente extranjero" a toda persona física o jurídica que reciba fondos de organismos extranjeros. En protesta, una de las primeras organizaciones en cerrar sus operaciones fue, precisamente, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, fundada por Cristiana. El gobierno la investiga por lavado de activos en conexión con esa fundación.

Días atrás, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución donde expresa su "alarma" ante el deterioro del clima político en Nicaragua, y exigió reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.

Por otra parte, condenó "el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes" y pidió su liberación.

Tras el anuncio de la detención de Mora, Argentina y México, dos de los países (entre cinco) que se habían abstenido de pronunciarse sobre la resolución de la OEA, llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Nicaragua, Mateo Capitanich y Gustavo Cabrera.

La oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se han pronunciado sobre la situación en Nicaragua, así como Human Rights Watch.

Semanas atrás, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Camila Ortega, asesora e hija del matrimonio de Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta), junto con otros funcionarios del gobierno.