Ayuntamientos, sindicatos y muchas familias piensan que es demasiado arriesgado. Miles de escuelas inglesas se rebelan contra la decisión de volver a clase.[{adj:80876 alignright}]

El primer ministro Boris Johnson quiere que las escuelas primarias reanuden las clases el 1 de junio para que los padres puedan trabajar y la actividad económica vaya recuperándose, pero la mayoría de maestros, los sindicatos que los representan y muchas autoridades municipales con competencia sobre educación se resisten a hacerlo por estimar que es prematuro y pone vidas en peligro.

Londres había fijado la fecha del 1 de junio para que los alumnos de guardería y de dos cursos de primaria fueran los primeros en regresar a las aulas como un símbolo de normalidad progresiva, pero ayer el Gobierno se vio obligado a decir que se trata de un “objetivo” y no de una “orden” o de una fecha escrita con sangre, y que cada comunidad y cada escuela han de decidir si están preparadas para ello o no. Los ayuntamientos y los propios centros docentes van a tener la última palabra.

La rebelión de las escuelas es el último revés a la política de desconfinamiento de la Administración Johnson. La ciudadanía aceptó de buen grado las restricciones a su libertad de movimiento para prevenir cientos de miles de muertes, pero está profundamente dividida sobre el ritmo de la desescalada, con los poderes económicos presionando con enorme fuerza hacia la normalización, y la gente dividida por razones de ideología y de circunstancias personales (como el tipo de trabajo que tienen, si perciben un sueldo, si tienen una niñera...). En general, toda la gestión de la crisis ha sido un caos desde que el 12 de marzo Johnson tomó la decisión de abandonar los tests y el seguimiento de contagios por una política de contención dirigida únicamente a impedir el colapso de los hospitales. El Reino Unido es ya el país europeo con más muertos en términos absolutos, y seguramente acabará siendo también el que registre un mayor número de víctimas por habitante.

La imprevisión de no tener capacidad para hacer tests ha sido desde el principio el error fatal. El Gobierno se ha pasado un mes prometiendo que pronto realizaría cien mil al día, y tan sólo ahora lo ha conseguido, con la consecuencia de que ni siquiera el personal sanitario que atendía a los enfermos ha podido hacérselo. Ayer aseguró que para el 1 de junio (día de la reapertura parcial de las escuelas) estará en condiciones de efectuar doscientos mil diariamente, pero maestros, sindicatos y ayuntamientos piensan que es muy improbable que así sea. Y que sin la posibilidad de testar a niños, profesores y familiares con síntomas de enfermedad, el regreso a las aulas puede ser una bomba activada por intereses económicos.

El otro fallo espectacular de las autoridades –que vuelcan la responsabilidad de todas sus decisiones en unas “recomendaciones de los científicos” que se niegan a divulgar– fue el de enviar a los ancianos de los hospitales a los geriátricos para que muriesen o se curasen en ellos, sin calcular debidamente con qué facilidad se propagaría el virus. El ministro de Justicia, Robert Buckland, admitió ayer que se trató de una decisión consciente para proteger al sistema de sanidad pública (NHS). Un cuarenta por ciento del total de muertes en Inglaterra y Gales –se estima que más de veinte mil– se ha producido en residencias para personas mayores.

Las escuelas y ayuntamientos de localidades y regiones donde el nivel de contagios sigue siendo alto, como Yorkshire, Birmingham y el norte de Inglaterra, ponen como condición para la reanudación de las clases que las nuevas infecciones disminuyan y que haya medios para testar y prevenir nuevos brotes, algo que por el momento las autoridades no garantizan. Las familias de clase media y alta tienden a optar por la prudencia, según las encuestas, mientras que las de clase obrera necesitan trabajar y están más dispuestas a correr el riesgo de enviar a sus hijos al colegio.

Fuente: La Vanguardia.