En la sesión que tuvo lugar este jueves, el edil del Frente por la Victoria solicitó que se trata una iniciativa que prohíbe el ingreso de personal y las recategorizaciones; toda adquisición de bienes de capital y contratación de servicios de carácter no corriente; y garantizar la continuidad del transporte público. La medida, se indicó desde el HCD, alcanza también a los proveedores del municipio. [{adj:55885 alignright}]

En la sesión que celebró este jueves el Honorable Concejo Deliberante, ingresó un proyecto de ordenanza “in voce” presentado por el edil Sergio David Cáceres (FpV), que declara la Emergencia Económica, Presupuestaria, Administrativa y Financiera en la Municipalidad de esta capital por el plazo de 120 días, a partir de su promulgación.

Dicha Emergencia consistirá en la contención del gasto público a los fines de mantener el equilibrio fiscal.

En tal sentido se proponen, entre otras medidas, la suspensión de subsidios, aportes y/o subvenciones que afecten la partida de Transferencias, exceptuándose la ayuda social como el servicio fúnebre social, programas de emergencia, comedores barriales, copas de leche y el boleto estudiantil gratuito.

También garantiza el funcionamiento de los jardines maternales en lo que se refiere a la partida de alimentos; el sistema de salud pública municipal; el gasto en las partidas de publicidad, cortesías, homenajes y viáticos de funcionarios; la contención del gasto en la Secretaría de Cultura; priorizando además la prestación de los servicios de recolección de residuos, desmalezamiento, potabilización, mantenimiento y reparación de las redes de agua potable y cloacal.

Otros egresos

En materia de trabajos públicos prevé detener toda aquella obra en ejecución que no cuente con su correspondiente partida presupuestaria; determinar urgente y fehacientemente el grado de ejecución de obras por administración, por terceros o por convenios compartidos entre Nación y/o Provincia; certificados pagados y a pagar con los correspondientes intereses y redeterminaciones de precios, posibilitando la readecuación de los convenios, plazos y formas de pago de los trabajos públicos paralizados por falta de recursos.

Respecto a este rubro, la norma ingresada a tratamiento legislativo dispone que por el lapso que dure la emergencia se suspenda toda adquisición de bienes de capital y la contratación de servicios no corrientes que signifiquen compromisos de fondo del Tesoro Municipal y/o de recursos específicos.

Asimismo queda suspendida la continuidad de todo trámite de licitación privada o pública no perfeccionados, hasta tanto se cuente con la autorización prevista.

Los proveedores del Estado Municipal también serán alcanzados por la ordenanza de Emergencia, la cual dispone crear un registro de proveedores en el cual constará el nombre de cada uno de ellos, bien o servicio prestado y monto adeudado.

En este rubro se autoriza al Departamento Ejecutivo, con verificación del Concejo Deliberante, a establecer regímenes generales y especiales para revisar contratos, deudas y acreencias con particulares, a los fines de verificar y conciliar los montos de lo mencionado anteriormente; proponiendo concluir acuerdos, transar pleitos pendientes, establecer modalidades y plazos para su cancelación, proponiendo refinanciaciones.

Freno a los nombramientos

Queda totalmente prohibido el ingreso de nuevo personal a la administración municipal durante el tiempo que dure la emergencia, bajo ningún tipo de modalidad, ya sea en planta permanente y/o contratos de Locación de Obra o de Servicio.

Se incluye también y de manera expresa la prohibición de recategorizaciones y/o funciones del personal de Planta Permanente, salvo las recategorizaciones automáticas, siempre y cuando exista crédito presupuestario para atender en mayor costo.

El Departamento Ejecutivo es autorizado en el proyecto, con la anuencia del Concejo Deliberante, a realizar la reorganización administrativa municipal, mediante la modificación, fusión y/o supresión total o parcial de estructuras orgánicas, administrativas, objetivos, competencias, funciones y responsabilidades que fueren superpuestas o duplicadas, cuyo mantenimiento sea lesivo a los intereses municipales.

Las medidas que se adopten en tal sentido, deberán respetar la estabilidad en el cargo según lo establece la ley provincial 10.027 (Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos) y las ordenanzas 4220 y 7215.

Queda prohibido a los responsables de las distintas Unidades Municipales permitir el ingreso de personas a desarrollar tareas, funciones y/o prestar servicios, sin que se cuente previamente con la norma legal o acto administrativo expreso que así lo autorice.

También se prohíbe el ingreso de personal bajo cualquier modalidad, a los fines de cubrir vacantes que ocurrieran por el hecho de que agentes de planta permanente se acojan a los beneficios de la seguridad social como jubilación ordinaria, anticipada por incapacidad.

Otros temas

La iniciativa obliga a las autoridades municipales competentes a garantizar la prestación del  servicio de Transporte Urbano de Pasajeros.

Responsabilidad de los funcionarios que incumplan la norma

En su última disposición la ordenanza establece que cualquier funcionario que autorice gastos o realice contratos prohibidos en la misma, será personal, civil y patrimonialmente responsable, si de los actos administrativos que dispongan surgiere la obligación de pagar sumas de dinero o cualquier otro perjuicio a la Administración Municipal.

Al exponer los fundamentos que impulsan la medida, el concejal Cáceres señaló que la crítica situación económica, financiera y presupuestaria de la Municipalidad “que estamos atravesando en la presente gestión, ha llevado a la paralización de las obras públicas con financiamiento propio”.

Sobre el particular afirmó que “la gran mayoría de ellas no contaban con respaldo presupuestario ya que fueron anunciadas e iniciadas en el marco de la campaña electoral, llegando a tener frentes de obra que implicaban, al mes de diciembre pasado, un gasto de 1.500 millones de pesos, contándose para afrontar dichas erogaciones con un saldo de crédito menor a los 300 millones de pesos”.

En cuanto a los trabajos públicos presupuestados con fondos nacionales por un monto cercano a los 450 millones de pesos, “la Municipalidad no llegó a recibir del gobierno central ni siquiera 50 millones de pesos, generando un déficit que complejiza aún más el ya crítico estado financiero, el cual se vio agravado en razón que fue el Estado Municipal quien debió afrontar con fondos propios la ejecución de esas obras, a la espera del desembolso de esas partidas que nunca llegaron.

En cuanto a los compromisos salariales de su personal, el legislador informó que hasta el mes de diciembre del corriente año, la Municipalidad tendrá que afrontar el pago por tal concepto por una suma que supera los 1.147 millones de pesos.

Agregó que a ello se deberán sumar otros 110 millones de pesos en concepto de adicionales y 90 millones de pesos más para abonar el sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre de este año.

Acotó por otra parte que el municipio aún adeuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia en concepto de aportes previsionales de sus agentes por el mes de julio pasado, una suma superior a los 29 millones de pesos.

Cabe indicar que el proyecto de referencia fue girado a Comisión para su estudio y posterior despacho.

Debate por la quita del IVA

La legisladora Stefanía Cora (“FpV) calificó de “inconsulta y de corte netamente electoralista”, la decisión del presidente Macri de disponer, entre otras medidas, la quita del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a un listado de artículos de la canasta alimentaria.

Al fundamentar una iniciativa de su autoría en la que repudia las mismas, explicó que “ello traerá aparejado una reducción del orden de los 37 millones de pesos en la coparticipación de impuestos nacionales que percibe la Municipalidad de Paraná”.

Añadió que ello agrava el panorama presupuestario local, “en razón que en el municipio venimos con un déficit de aproximadamente 1.000 millones de pesos”.

Remarcó que “las medidas económicas adoptadas no repercuten y no tienen ningún tipo de consenso ni en los mercados, ni en la ciudadanía en general”.

En consecuencia sostuvo que “¿la pregunta que nos surge como vecinos de la ciudad, es cómo se va a palear esta quita de 37 millones de pesos, que por ley nacional son fondos coparticipables?”.

Respecto al déficit de la Municipalidad, Cora precisó que “el mismo se vio agravado por la contratación de aproximadamente 1.100 trabajadores en el período preelectoral reciente en la ciudad, sin el debido resguardo presupuestario para afrontar el pago de sus salarios”.

Aseveró finalmente que los vecinos de Paraná “necesitamos que el intendente Sergio Varisco y sus funcionarios, nos expliquen cómo van a llevar adelante la conducción municipal hasta el 10 de diciembre y qué medidas han adoptado para asegurar una transición ordenada”.

Pedidos de informes  

El edil Juan Enrique Ríos (“FpV”) ingresó en la sesión de hoy un pedido de informes, al cual el cuerpo legislativo dio curso, requiriendo al Departamento Ejecutivo haga saber el estado del plan de obras públicas con financiamiento municipal y extramunicipal.

Al respecto sostuvo que el mismo surgió “al advertir un proceso creciente en la paralización de la obra pública en Paraná”.

Reveló en la oportunidad que de las obras con financiamiento nacional previstas, cuyo monto supera los 400 millones de pesos, “los recursos remitidos desde el gobierno central al municipio para afrontar su pago, solo alcanza al 10 por ciento de lo previsto”.

En lo que respecta al Plan de Trabajos Públicos comprometidos con recursos municipales, que asciende a la suma de 775 millones de acuerdo al Presupuesto aprobado, nos encontramos que tampoco se ha cumplido con las expectativas generadas en el diseño presupuestario y el Plan de Obras, por lo que queremos saber qué ha pasado y qué va a pasar en esta materia”.

A título de ejemplo, Ríos mencionó el caso “del puente sobre calle Francia al final, que iba a incluir la unión de cinco barrios y una salida paralela a avenida Almafuerte, obras que hoy están paralizadas por incumplimiento de una deuda de la Municipalidad con la empresa contratista, que supera los 5 millones de pesos”.

Añadió que “ello afecta fundamentalmente a los vecinos, que han quedado prácticamente sin salida al barrio La Milagrosa, con cloacas a cielo abierto y un socavón muy grande, que hace peligrar la seguridad ciudadana”.

“Observamos distintas obras que no se han cumplido y queremos saber si las autoridades municipales han previsto un plan de contingencia para continuarlas”, apuntó.

Ríos aludió también al crédito oportunamente tomado por el municipio por un monto superior a los 7 millones de dólares, endeudamiento que lo deberá pagar la gestión que viene, respecto de lo cual requerimos se nos informe qué se ha hecho con esos recursos”.

También hizo referencia al Plan de Bacheo “anunciado con bombos y platillos previo a las elecciones y que en la práctica no ha resultado, dado que hay obras que deberán ser nuevamente ejecutadas, ya que al poco tiempo de realizadas se volvieron a romper”.

“Queremos conocer en consecuencia los nombres de los funcionarios y/o responsables técnicos de la ejecución del aludido plan, que ha sido un verdadero fiasco y una burla a la buena fe de los vecinos, que con sus aportes tributarios sostienen económicamente la acción municipal”, concluyó.

Juicio por jurado

El exconvencional constituyente y abogado penalista, Marciano Martínez, expuso en el espacio “Voz y Opinión Ciudadana” sobre el Juicio por Jurados, afirmando que la importancia de este instituto jurídico “está dada por la participación del pueblo en el ejercicio de una función tan importante como es la judicial”.

Afirmó que el proyecto de ley para instrumentar su funcionamiento en la provincia de Entre Ríos elevado por el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura, “estaría limitado al juzgamiento de delitos de carácter penal, como el homicidio”.

Profundizando sus consideraciones sobre el tema, el Dr. Martínez explicó que “en todo el mundo, y fundamentalmente en los países desarrollados, el Juicio por Jurados tiene vigencia en algunos casos desde hace seiscientos años”.

“No es un invento nuestro, que tenemos 120 años de incumplimiento de la norma constitucional que lo crea”, añadió.

En lo que hace a su funcionamiento, precisó que los integrantes del Juicio por Jurados son elegidos mediante sorteo, sin saber en qué juicio intervendrán, pudiendo ser impugnados por las partes.

Afirmó que “el juez, el fiscal y el abogado defensor dan instrucciones a los jurados indicándoles los hechos que van a juzgar, no el derecho, y las pruebas a ofrecer”.

Luego el mismo delibera y juzga esos hechos en base a la prueba aportada, en tanto la fijación de la condena le corresponde al juez.

El penalista recordó que el Juicio por Jurados fue creado en el año 1.215 en Inglaterra, doscientos cincuenta años antes que Colón descubriera América.

Mencionó que en varias provincias argentinas este sistema ya está vigente, poniendo el caso de la provincia de Buenos Aires “con casi setecientos juicios ya hechos, con resultado excelente”.

Nuevo funcionario

En el plenario celebrado este jueves, los ediles presentes aprobaron por unanimidad el decreto elevado por la viceintendenta Josefina Etienot mediante el cual se designó en el cargo de Secretario del Concejo Deliberante de Paraná al agente Daniel Arnaldo Lendaro, quien se venía desempeñando como titular de la Dirección de Comisiones, a cargo de la Prosecretaria del Concejo. La decisión fue celebrada con un aplauso cerrado por parte de todos los presentes en el recinto.

Luego de jurar como Secretario del Concejo Deliberante, Lendaro comunicó la promoción al cargo de Prosecretario del HCD del subdirector, a cargo de la Dirección de Comisiones, Carlos Miguel Suárez, quien seguidamente ocupó su lugar en el estrado.

En los fundamentos de la medida se señala que tales designaciones implican “…mantener el respeto y reconocimiento por la carrera administrativa de quienes han transcurrido más de 35 años en el funcionamiento de este honorable cuerpo”.

Finalmente, Etienot subraya que “la aceptación de los señores Lendaro y Suárez de la propuesta realizada honra a esta Presidencia, por tratarse de dos empleados de planta permanente y representa una gran alegría para el conjunto del Concejo Deliberante, considerando además un grato acontecimiento para dos agentes que se encuentran próximos a acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria”.