Las secretarías de Derechos Humanos de 12 provincias del país expresaron este sábado su preocupación ante el accionar del gobernador Gerardo Morales en Jujuy; pidieron que “las instancias institucionales competentes actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho”.

Distintos funcionarios de Derechos Humanos manifestaron su "preocupación ante el creciente deterioro del Estado de derecho y falta de respecto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy" en un comunicado este sábado.

El documento asegura que en las últimas semanas en Jujuy ha habido una “criminalización del reclamo y la legítima protesta social, detenciones arbitrarias, formación de causas penales a decenas de militantes y dirigentes sociales y políticos, por participar en manifestaciones populares; inteligencia, espionaje y persecución naturalizada y sistemática contra opositores políticos y referentes de sectores sociales; estigmatización y persecución a comunidades originarias y dirigentes sindicales”.

Además, se califica como “gravísimo hecho” el ingreso de la policía provincial al edificio de la Universidad Nacional de Jujuy y destacan que ese accionar está “lesionando y vulnerando la condición histórica de la Autonomía Universitaria”.

Los distintos funcionarios consideran que todas estas acciones “son muestras de un avance autoritario del gobernador Morales y funcionarios judiciales sobre la población jujeña”, haciendo hincapié en “una mención especial el avasallamiento de la institucionalidad con la detención del abogado penalista Alberto Nallar”.

En esa línea, se indica que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace hincapié en la falta de democracia cuando son perseguidos los defensores”.

"Duele e indigna que, cumpliendo 40 años de democracia, después del genocidio producido por el Terrorismo de Estado que asoló la Patria, regrese la violencia represiva y la persecución política por parte del Estado”, destacaron en el comunicado.

Y agregaron: “En nombre de Nunca Más, no podemos callarnos frente a esta situación, en defensa de la democracia que supimos conseguir y que la vemos en grave riesgo en la provincia de Jujuy”.

“Pedimos y abogamos para que las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho en la provincia hermana de Jujuy”, concluye el texto.

El documento fue suscripto por Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Delfor "Pocho" Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de La Rioja; Carlos Goya, director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San Juan; Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe; Clarisa Botto, subsecretaria de Derechos Humanos de San Juan; Marcelo Acosta, director General de Promoción de Derechos Humanos La Rioja; y Erica Brunotto, secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán.

También por Daniel Paduan, subsecretario Derechos Humanos Entre Ríos; Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz; Abigail Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Tierra del Fuego; Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos de Catamarca; Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de Chaco; Juan Pablo Fasce, secretario de Derechos Humanos de La Pampa; y Evangelina Saizar, secretaria de Derechos Humanos de Río Negro; Mario Cugura, subsecretario de Derechos Humanos de Chubut.