La vicepresidenta instruyó a su abogado para que pida una nueva audiencia. Hoy concluye el alegato de los fiscales con el pedido de pena para los acusados.
Luego de nueve audiencias presentando evidencias contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. Pedirá que Cristina sea condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos.
En ese marco, la Vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruído a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.
Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Los imputados pueden solicitar al tribunal ampliar sus indagatorias antes del inicio de los alegatos de las partes. En la etapa actual del juicio, las respuestas a la supuesta falta de pruebas que sostuvo la vicepresidenta, deben ser contestadas por su abogado durante su alegato, que tendrá lugar en las próximas audiencias.
Tras finalizar los alegatos de todos los defensores, los imputados, incluida la vicepresidenta, podrán dirigirse al tribunal en la etapa de últimas palabras, que no puede tomarse como parte de indagatorias explicaron dos fuentes judiciales a elDiarioAR. Las últimas palabras es la oportunidad final de los imputados de cualquier juicio oral y público para dirigirse a los jueces previo al veredicto.
A pesar de que la acusación del fiscal Luciani fue sustentada con chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideran que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”. En ese sentido, hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.
Luciani al concluir hoy el alegato tiene previsto pedir una dura sanción penal debido a que consideró probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner encabezó un armado ilegal para adjudicarle al empresario Lázaro Báez obra pública en Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó pero cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.