La presentación judicial describe el entramado político y empresarial detrás del avance sobre el bosque nativo. El ojo puesto sobre "la puerta giratoria".

La presentación ante la Justicia Federal chaqueña fue realizada a comienzos de este mes, justo en la previa del inicio de la feria, y está en manos de la jueza Zunilda Niremperger. Con la Justicia en funciones desde este lunes, se espera que la causa comience a avanzar.

Si bien el entramado que se detalla en la denuncia da cuenta de una situación que existe en la provincia desde hace años, el empuje definitivo que aceleró la presentación fue la sesión mediante la cual la Legislatura provincial sancionó, en la madrugada del 30 de abril, una normativa que reduce la protección del bosque nativo de Chaco y permite el avance de las topadoras sobre más de un millón de hectáreas, hoy protegidas.

Según la organización denunciante, la ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades. Por esa razón, se interpuso una cautelar para dejarla sin efecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.


Un desmontador en Chaco

El equipo letrado que presentó la denuncia llama al entramado que incluye a figuras poderosas de la política y el empresariado “la mafia del desmonte”. La definen como “una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción”.

En una exhaustiva investigación en la que participaron profesionales e investigadores de múltiples disciplinas, no deja de sorprender la nómina de empresas que aparecen mencionadas en una denuncia de 86 fojas que incluye mapas georreferenciados y análisis detallado de los datos, que dejan al descubierto un universo de intereses cruzados.

Halavacs, el ministro de Producción de Zdero que además es la máxima autoridad ambiental de la provincia, es la figura paradgimática de la denuncia. Dueño de una consultora, el ingeniero agrónomo fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años. De hecho, tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021.

Su salto a la política es descripto por la denuncia como un caso de “puerta giratoria”. Es decir, cuando un hombre ligado al mundo empresario termina desembarcando en el Estado y atendiendo las necesidades de sus antiguos socios o, en este caso, clientes. La ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco funciona como ejemplo.

Cuando se dedicaba a tramitar autorizaciones para el desmonte, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A, una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).


Más allá de Leandro Zdero

A medida que avanza, la denuncia excede a las responsabilidades de la gestión actual, que fue la que puso a Halavacs al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y apunta a las gestiones peronistas que antecedieron al radical que asumió en diciembre del año pasado.

Uno de los asesores del ministro es Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones provinciales de Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Olivares era nada más ni nada menos que el encargado de otorgar los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.

En la denuncia también están mencionados otros exfuncionarios del peronismo chaqueño como el exdirector de Bosques Miguel Ángel López, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, y el diputado provincial Atlanto Honcheruk, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.

No se agota allí. Entre otros empresarios también aparece Juan José Bergia, legislador por el Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), apuntado por sus actividades relacionadas con la explotación de la madera, en una megadenuncia que también llega hasta Santiago Bausili, el presidente del Banco Central.


Más allá del desmonte

Entre la decena de delitos imputados en la denuncia aparecen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la trata de personas. Un cúmulo de acciones penadas por el Código Penal cuyas consecuencias empiezan a escalar tensiones en el escenario político que ya trascendió las fronteras provinciales.

La organización de abogados y abogadas ambientalistas señala que la denuncia también pone la lupa sobre “las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino”, un subproducto de los quebrachos desmontados que se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.

Según explican, se trata de una actividad “netamente extractivista que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte”. “Es un monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria, tal como sucede también con la soja”, explican.


Más allá de Chaco

Con todo, Enrique Viale, uno de los representantes públicos de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, protagonizará este viernes una charla en Resistencia, donde el tema comenzó escalar rompiendo incluso algunas de las tradicionales barreras mediáticas con las que se suelen resguardar los poderes locales.

Será en la librería La Paz y la expectativa en torno a la conversación empieza a generar un ruido político del que se alimenta la discusión pública provincial. Más allá de eso, los ambientalistas esperan que avance la cautelar que deje sin efecto la ley de reordenamiento. Además, analizan un pedido para que la Justicia los acepte como querellantes en la causa, para así poder seguir de cerca todo el proceso.

Están convencidos de que los daños producidos no terminan en Chaco, hablan de “efectos interjuridiccionales” y apuntan a las consecuencias climáticas y ecológicas que afectan a la vida más allá de las fronteras provinciales. Aunque también advierten que las prácticas políticas y empresarias que, además de la corrupción, habilitan acciones como la explotación laboral o directamente la trata de personas no empieza ni terminan en la provincia en la que nada parece haber cambiado demasiado, más allá de los gobiernos.

Fuente: Letra P