Vecinos, productores y comunidades indígenas de distintos puntos de Catamarca expresaron cuestionamientos frente al avance de proyectos de exploración y explotación minera por sus posibles impactos sobre el agua, la producción agropecuaria y los territorios.

Uno de los conflictos más recientes se concentra en la Sierra de Ancasti, donde Litios del Norte S.A. impulsa el proyecto de exploración de litio El Alto, que prevé hasta 21 perforaciones de entre 100 y 300 metros y el uso de hasta 2.100 metros cúbicos de agua durante cinco o seis meses.

Más de 70 personas de El Alto, Ancasti y Frías participaron de una reunión en Guayamba para cuestionar la iniciativa. Tras unas 50 impugnaciones, el Ministerio de Minería suspendió la instancia de participación ambiental prevista para el 30 de septiembre.

El intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, afirmó que el municipio no había sido informado formalmente sobre el proyecto y reclamó mayor participación. También recordó que la zona atravesó problemas de abastecimiento de agua y que parte del bosque nativo se encuentra bajo la categoría roja de máxima protección.

En Santa María, la oposición social al proyecto de oro y cobre Sofía Gold, ubicado cerca de Fuerte Quemado, derivó en la decisión provincial de dejarlo sin efecto por razones ambientales y sociales.

En Belén, la comunidad indígena diaguita de Peñas Negras denuncia ingresos de empresas mineras a su territorio ancestral sin autorización y reclama el cese de las tareas de exploración.

La comunidad sostiene que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada y señala que la zona se encuentra dentro del área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca.

El proyecto de mayor escala es Agua Rica-Mara, impulsado por Glencore. A comienzos de octubre obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).

Según la empresa, el proyecto podría producir en promedio más de 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante sus primeros diez años y utilizaría instalaciones de Bajo La Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento.

La compañía sostiene que la reactivación de Alumbrera emplea actualmente a cerca de 2.000 personas y que la primera producción está prevista para el segundo semestre de 2027.

En Tinogasta y Andalgalá, productores y referentes comunitarios también expresaron preocupación por el polvo generado por las operaciones, la posible salinización de cuencas y la infiltración de sustancias químicas en los suelos.

Las organizaciones reclaman auditorías ambientales independientes, planes de remediación y mayor control sobre los permisos y las condiciones de operación.

En una provincia árida y con fuerte dependencia del agua para las actividades productivas y las comunidades, la expansión minera vuelve a concentrar el debate sobre los límites ambientales, sociales y territoriales de estos proyectos.

Fuentes: Portal Noticias D, Portal El Aconquija y Diario El Ancasti