El proyecto minero Vicuña, integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y controlado por BHP y Lundin Mining, avanza en la cordillera de San Juan bajo los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).
La iniciativa contempla una inversión inicial de 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de 18.000 millones. Según los informes citados, parte de sus instalaciones se ubican sobre zonas con glaciares de escombros y en cercanías del glaciar GE110.
Un informe socioambiental elaborado por organizaciones y centros académicos sostiene que el glaciar GE110 y su área periglaciar ya fueron intervenidos por caminos y tareas exploratorias. Greenpeace también advirtió que el proyecto contempla un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de esa zona.
Otro de los puntos de preocupación es el consumo de recursos. La demanda eléctrica podría alcanzar los 700 megavatios, mientras que organizaciones ambientales también advierten sobre el uso de agua en cuencas vinculadas al río Jáchal.
El 5 de agosto, autoridades de Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron un acta de compromiso que luego fue ratificada por la Legislatura provincial con 27 votos a favor y nueve en contra.
El acuerdo establece un desembolso de 250 millones de dólares en concepto de daños e impacto ambiental. Según el economista Hugo Berozzi, ese monto funcionaría como un pago anticipado que limitaría futuros reclamos económicos o ambientales durante la vida útil del proyecto.
Berozzi también cuestionó el congelamiento de las regalías provinciales en el tres por ciento de los ingresos, pese a que la normativa nacional permite elevarlas hasta el cinco por ciento para nuevos proyectos. Según su estimación, la diferencia implicaría para San Juan dejar de percibir unos 491,2 millones de dólares a valor presente.
El acuerdo también elimina algunas obras compensatorias previstas inicialmente, entre ellas infraestructura hídrica, proyectos de energías renovables, iniciativas productivas y ambientales y la plantación de 10.000 árboles nativos.
Otro punto cuestionado es el mecanismo de resolución de controversias, ya que las diferencias vinculadas con el proyecto serían sometidas a arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Organizaciones y especialistas advierten que estas condiciones podrían limitar la capacidad futura del Estado provincial para aplicar nuevas regulaciones, sanciones o reclamos ambientales durante el desarrollo del emprendimiento.
Fuentes: Portal Economía Sustentable y Diario Río Negro