Organizaciones socioambientales, comunidades originarias y referentes políticos presentaron denuncias penales y administrativas contra autoridades de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen S.E.) por presuntas actividades mineras dentro de un área natural protegida.

Según las presentaciones, la empresa estatal habría realizado apertura de caminos, movimientos de suelo y tareas de prospección sin contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada ni con el proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas.

Los denunciantes sostienen que las intervenciones se realizaron en ecosistemas frágiles de alta montaña y zonas de cabecera de cuenca, con posibles impactos sobre vegas, suelos y cursos de agua utilizados por poblaciones y productores de la región.

También cuestionan la presunta falta de instancias de participación ciudadana y audiencia pública previstas por la legislación ambiental.

Entre los principales reclamos se encuentran la paralización de las tareas, el retiro de maquinaria del área protegida y la apertura de actuaciones administrativas para determinar responsabilidades.

Las comunidades invocan además el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas frente a medidas que puedan afectar sus territorios.

Los denunciantes reclaman la aplicación del principio precautorio para evitar posibles daños irreversibles y sostienen que el carácter estatal de la empresa no la exime del cumplimiento de las normas ambientales.

El caso volvió a poner en debate la relación entre el desarrollo de proyectos mineros, la protección de áreas naturales y la necesidad de garantizar controles, participación ciudadana y transparencia institucional.

Fuentes: Diario El Ancasti, Agencia Télam, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca y Fiscalía de Estado de la Provincia de Catamarca