El Gobierno anunció que auditará los pagos de las indemnizaciones que perciben las víctimas del terrorismo de Estado. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La cartera de Justicia comunicó esta noche que avanzará con una "auditoria integral" de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para quienes fueron víctimas de la dictadura cívico-militar.

De acuerdo a la versión oficial, el Ministerio "determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago".

La cartera que conduce Cúneo Libarona informó que la auditoría surge a raíz de la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", en la que se procesó a un conjunto de individuos por estafa al Estado.

Además del fallo mencionado, también señalan que existen "otras causas penales en trámite" por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con documentación respaldatoria de su reclamo.

Asimismo, anunciaron que articularán medidas "para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan" y adelantaron que reclamarán el reintegro de las sumas pagadas de manera fraudulenta.

Las indemnizaciones que otorga el Estado para víctimas de la dictadura se amparan en seis leyes nacionales que se aplican sobre aquellas que fueron desaparecidos de manera forzosa que hubieran ocurrido hasta el 10 de diciembre de 1983 y ex Detenidos.

También alcanza a personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares.

La Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias es el organismo dependiente de Justicia que se encarga de coordinar con el Poder Judicial la recopilación de información necesaria para acreditar cada reclamo y, en caso de ser necesario, darle cumplimiento.