Daniel González, exCEO de YPF y hombre de confianza de Luis Caputo en cuestiones energéticas, propone desregular más el mercado de lo que prevé la iniciativa provincial.

El proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por provincias productoras de biodiesel y bioetanol pierde fuerza en el Congreso, mientras que el gobierno trabaja en una propuesta alternativa más desreguladora.

Este enfoque, liderado por Daniel González, exCEO de YPF, busca mayor consenso e incluye consultas con petroleras, fabricantes de autos y productores de biocombustibles. La reciente designación de María Carmen Tettamanti en la Secretaría de Energía añade desafíos, ya que las provincias habían negociado con el funcionario anterior. La postura del gobierno podría afectar a las empresas no integradas a grandes aceiteras, favorecidas en el proyecto provincial.

¿Oportunidad perdida?

Tras un primer intento fallido de eliminar las regulaciones del mercado de biocombustibles, las "provincias bio", lideradas por Santa Fe, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto que equilibrara los intereses de todos los sectores, introduciendo reformas para abrir la competencia. A pesar de las tensiones internas entre fábricas integradas y no integradas a aceiteras, y entre productores y petroleras, se logró consenso en que la nueva propuesta era mejor que la actual.

Sin embargo, las demoras en el Congreso provocaron divisiones. Las grandes aceiteras, que inicialmente decidieron no criticar el proyecto, comenzaron a rechazarlo públicamente, alegando que no incentivaba la competencia ni nuevas inversiones. Por su parte, las petroleras, que podrían ingresar al mercado solo si la demanda aumenta considerablemente, empezaron a reactivar su lobby contra el proyecto, que no favorece una liberalización total del mercado.


Batalla de fondo

La normativa impulsada durante el kirchnerismo asignó a las aceiteras internacionales el mercado de exportación y a las empresas nacionales no integradas a aceiteras el mercado interno, con cupos y precios fijados por el Estado. Inicialmente, esta ley favoreció la inversión en grandes plantas y creó una red de empresas nacionales, pero con el segundo mandato de Cristina Kirchner surgieron problemas, como la restricción de exportaciones y la congelación de precios.

Bajo el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de liberalización que no se concretaron, y el gobierno de Alberto Fernández modificó la ley para reducir el corte obligatorio, cediendo a las demandas de las petroleras. El gobierno de Javier Milei intentó desregular el mercado, pero fracasó. Ahora, las provincias han propuesto un nuevo proyecto que busca un consenso entre los sectores, aunque aún sin avances legislativos significativos. El gobierno actual sigue promoviendo una nueva ley más liberalizadora del mercado.

Fuente: Diario Norte