Según informaron desde Casa Rosada, sólo se mantendrán activos los que estén “al servicio del crecimiento económico del país”.
El Gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, ordenó recortar investigaciones y programas científicos. Este nuevo ajuste tendrá un impacto directo en el ámbito científico y universitario. Con un claro intento de limitar convenios con organizaciones sociales, el Ejecutivo eliminará programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”.
La resolución
En la resolución publicada, el Gobierno señala: “Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”.
De esta forma, se evaluará la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, aceptándose la continuidad automática sólo de los proyectos que estén desarrollados en más de un 30 por ciento. El objetivo de la medida es recortar 1867 millones de pesos que hoy se destinan a la investigación en 70 programas sociales que, desde el oficialismo, afirman que “no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo”.
Las repercusiones
La resolución fue criticada por organizaciones como la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), los Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci), que consideran que la decisión “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”. En esa línea, señalan que la medida “refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.
Fuente: Diario Hoy