El Gobierno avanza con evaluaciones a empleados públicos: más de 8.500 ya rindieron y el 95 por ciento aprobó. La prueba evalúa conocimientos generales, pero no asegura estabilidad laboral, ya que los contratos dependen de la continuidad de los organismos.

El Gobierno avanza con la evaluación de idoneidad para los empleados públicos de la administración nacional. De los 8.600 trabajadores que ya realizaron la prueba, el 95 por ciento logró aprobarla, pero aún no hay garantía de estabilidad laboral, ya que podrían ser despedidos si el organismo donde trabajan es cerrado.

La prueba consta de 24 preguntas de opción múltiple y varía según el área del empleado: servicios generales, administrativos o profesionales. Los contenidos incluyen comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre administración pública nacional.

Algunos ejemplos de preguntas incluyen análisis literario de textos como Cien años de soledad, cálculos matemáticos y temas legales como la Ley de Ética Pública o la Constitución Nacional. Por ejemplo:

• "¿Qué requisitos exige la Constitución para ser juez de la Corte Suprema?"

• "Si 4x = 16, ¿cuánto vale X?"

El examen se realiza en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública (Inap), en Avenida Belgrano al 637, para trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Hay tres oportunidades para aprobar: quienes no superen la prueba tras tres intentos podrán ser desvinculados.

Una evaluación que no asegura estabilidad

A pesar de aprobar la evaluación, los empleados no tienen garantizada la continuidad laboral. Si el organismo o área en el que trabajan es cerrado por las autoridades, podrían ser reubicados o despedidos. "El examen es una condición necesaria, pero no suficiente", reconocen fuentes oficiales.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno eliminó más de 34.000 empleos públicos, lo que representa una reducción del siete por ciento del personal. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió estas medidas, que incluyen el cierre de más de 200 áreas estatales.

Los gremios han calificado estas evaluaciones como una "herramienta tendenciosa y hostil". Mientras tanto, el proceso continuará hasta el 30 de marzo, marcando un antes y un después en la administración pública argentina.