El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le entregó este miércoles al titular del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, informaron desde Casa Rosada.

Fernández convocó a ambos legisladores para entregarles el texto con los fundamentos para impulsar el juicio político contra los cortesanos y "les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo".

Luego de que diez gobernadores firmaran el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández para iniciar juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema, se activó la cuenta regresiva en la Cámara de Diputados, donde una comisión ad hoc comenzaría a trabajar durante el período de sesiones extraordinarias en el marco de un largo proceso que probablemente culmine sin el resultado deseado por el oficialismo.

Sucede que el Frente de Todos carece de las mayorías calificadas necesarias en ambas cámaras para desplazar a los magistrados. De todos modos, el espacio cuenta con la ventaja inicial de que en la comisión de Juicio Político presidida por la diputada albertista Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para sentar en el banquillo a los cuatro magistrados, cuyo accionar quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días por comprometedores chats que se filtraron, los cuales tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Con ese número, el Frente de Todos podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (según el artículo 53 de la Constitución) contra Rosatti y los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.

A esa primera etapa preliminar le sigue una "etapa informativa sustanciando el sumario con medidas de pruebas, informes, citación a testigos, careos, derecho de defensa de los acusados", detalló el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre esta fase vinculada a la investigación de los hechos.

En esta etapa, la estrategia del oficialismo será dejar al desnudo cada uno de los accionares irregulares que le imputan a los jueces del alto tribunal, como por ejemplo la presunta complicidad con el Gobierno porteño expuesta en el llamado "fallo Robles" que favorece "arbitrariamente" a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación de recursos federales, o también en la injerencia de la Corte en la conformación del Consejo de la Magistratura, arbitrando otra vez a favor de la alianza Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos.

El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y de esa manera lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen, publicó el diario Ámbito Financiero.