El ex presidente de la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, fue citado a declaración indagatoria en el marco de una causa de larga data por contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
El juzgado federal Nº 1, a cargo de Fernando Poviña, llamó a prestar indagatoria a Alfredo Calvo el 28 de mayo, a las 10 de la mañana, por presunta violación a ley 24.041 sobre Residuos Peligrosos.
Se trata de una causa, iniciada en 2009, que lleva varios años sin avances pese a las pruebas contundentes de daño ambiental a una de las principales cuencas hidrográficas del país.
Calvo deberá rendir cuentas sobre la contaminación que residuos cloacales causan a la cuenca en violación a la normativa vigente.
La querellante, María Elba Ledesma, afirmó que los principales canales pluviales de la provincia son utilizados por la SAT para descargar desechos cloacales directamente en afluentes del río Salí.
“En 2007 comenzamos con problemas en varios barrios del sur de la Capital. El agua cloacal salía por las canillas de todas las casas. Se desbordaban los baños y vivíamos en medio de la materia fecal. Comenzamos a hacer presentaciones en el Gobierno, la SAT y el Siprosa pero como no tuvimos respuestas por lo que empecé a investigar al respecto pese a mi condición de madre y ama de casa”, afirmó Ledesma.
A raíz de esta denuncia, comenzaron las presiones. “Me armaron una causa y recibí amenazas mafiosas. Estamos hablando de autoridades involucradas en la contaminación a tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba”, agregó.
Luego de permanentes trabas judiciales, la causa terminó en los tribunales federales de Comodoro Py que no sólo ratificó la contaminación a partir de los efluentes cloacales sino que se estableció un referente que sirvió como parámetro para otras denuncias de daño ambiental tal como la causa Riachuelo.
“Pese a esto, la Justicia sobreseyó a Calvo. Yo apelé esta resolución por lo que ese sobreseimiento fue desestimado por la Cámara Federal y ahora deberá presentarse a declarar”, explicó Ledesma en declaraciones a Radio Prensa.
“En Tucumán, los líquidos cloacales van a parar a la cuenca de los ríos, sin tratamiento en su mayoría. La ley 24.051 lo establece como un delito de peligro, es decir que no se necesita probar que hay alguien dañado en su salud por la escherichia coli o por otras circunstancias. Ese solo hecho es suficiente para configurar el ilícito”, explicó el fiscal federal general Gustavo Gómez.
Ledesma precisó además que en la planta de tratamientos de efluentes de San Felipe también se comprobó que los desechos contenían agroquímicos fosforados considerados como un residuo altamente peligroso para la salud.
Fuente: Primera Fuente